lunes, 13 de agosto de 2012

Los recortes en Sanidad afectarán


al transporte sanitario no urgente     Los usuarios de la Sanidad pública tendrán que pagar una

parte del transporte sanitario no urgente, de acuerdo con

el decreto que el 24 de abril publicó el BOE. Al igual que

las prótesis ambulatorias (férulas, muletas, sillas de ruedas...)

y los productos dietéticos, el transporte sanitario

no urgente pasa a ser considerado por el Ministerio de

Sanidad como “servicio accesorio” sujeto a aportación

por parte del usuario.

El transporte sanitario no urgente

deja de ser prestación básica

De este modo, este

tipo de prestaciones

pasarán a estar

incluidas en la cartera

común suplementaria

del Sistema Nacional

de Salud, y no en la básica,

como hasta ahora. Así se establece

en el Real Decreto-Ley 16/2012

de medidas urgentes para garantizar la

sostenibilidad del Sistema Nacional de

Salud y mejorar la calidad y seguridad

de sus prestaciones, que el Gobierno ha

aprobado y que ha generado incertidumbre

e inquietud en el sector.

El usuario pagará en función a su renta

Según establece este decreto, este porcentaje de aportación

se regirá por las mismas normas que regulan la

prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo

para ello el precio final del producto y sin que se aplique

ningún límite de cuantía a esta aportación.   Es decir, “la aportación del usuario será proporcional al

nivel de renta que se actualizará, como máximo, anualmente”

afirma el texto. De esta manera, las personas

con una renta igual o superior a 100.000 euros deberán

hacerse cargo de un 60 % del precio de los medicamentos,

si la renta está comprendida entre los 18.000 y los

100.000 euros, los usuarios pagarán el 50 % y para las

personas cuya renta sea inferior a los 18.000 euros, el

cargo será del 40 %.

Estas medidas entrarán en vigor, según el Real Decreto

Ley, cuando se agote el plazo de seis meses dispuesto

por el ejecutivo, a partir de su publicación en el BOE, y

también está previsto que se celebren varias reuniones

del Consejo Interterritorial durante este tiempo para debatir

los pormenores de la aplicación práctica de esta

medida. Tiempo que todas las comunidades consideran

insuficiente, dada la falta de concreción en la forma de

aplicación, que exige cruzar datos con el Ministerio de

Hacienda, y la existencia en todas las comunidades de

la tarjeta sanitaria electrónica, y la cuantía a aplicar a los

usuarios ya que el transporte sanitario no urgente no tiene

un precio fijado, como ocurre con los medicamentos,

sino que varía de una comunidad a otra.

La respuesta de las Comunidades

Otra de las cuestiones clave de este decreto, es que serán

las Comunidades Autónomas las encargadas de aplicarlo.

Así, y según se describe en el decreto, “las administraciones

públicas deberán adoptar, con anterioridad al 30

de junio de 2012, todas las medidas que sean necesarias

para la aplicación de lo dispuesto en el apartado 13 del artículo

4”. Y para ello, el Instituto de la Seguridad Social ya

está trabajando con los datos fiscales de los contribuyentes,

que estarían reflejados en la nueva tarjeta sanitaria

electrónica.

La mayoría de comunidades no ha expresado todavía su

opinión clara al respecto, aunque algunas como País Vasco

ya se han mostrado públicamente en desacuerdo con

esta medida e insisten en “su compromiso con que los

ciudadanos vascos no noten los efectos del copago sanitario”,

a la que han unido Andalucía, Asturias y Canarias.

Cataluña ya puso en marcha el pago de un euro por receta

y no se ha pronunciado sobre esta nueva medida. Entre

las que sí piensan incluirlo está Castilla La Mancha.

Otras como la Comunidad Valenciana estudia cobrar una

parte del coste de la ambulancia a los hospitalizados que

la soliciten tras recibir el alta médica, cantidad que se fijará

en función de la renta personal del paciente.   El transporte sanitario urgente, sigue igual

Lo que no se ha modificado dentro de la cartera de servicios

básica son “las actividades asistenciales de prevención,

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se

realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como

el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa

por financiación pública”.

El ahorro, objetivo final

Al final, lo que está detrás de todo esto, el objetivo de

la reforma sanitaria, es conseguir un ahorro estimado

de 7.000 millones de euros, que el Gobierno aún no ha

detallado de que partidas se reducirán, pero de los que

sostiene que casi la mitad, unos 3.550 millones de euros,

se conseguirá con estas medidas de co-financiación, el

dejar de financiar fármacos “obsoletos” o “con menor terapéutico”,

con un plan para el impulso de medicamentos

genéricos, nuevos precios de referencia y el ajuste de los

envases a la duración de los tratamientos. Asimismo, el

Gobierno también ha preparado un plan para luchar contra

el turismo sanitario y el “uso fraudulento” de la sanidad

por parte de extranjeros no residentes en España, con el

que pretenden ahorrar unos 1.500 millones de euros.
Un sec
Un s
Un seDesde 2002, cuando se completan las transferencias en


Sanidad desde el INSALUD a las Comunidades Autónomas,

el servicio de transporte sanitario es contratado

mediante licitación pública y sobre unos costes de

ejecución previamente definidos en los pliegos correspondientes,

mediante unas cantidades fijas anuales, el

denominado canon único, abonadas mensualmente a la

empresa adjudicataria, sin que pueda existir variaciones

al alza, más allá de la actualización del IPC oficial en los

años de vigencia de los contratos.

Según datos oficiales del Ministerio de Fomento en España,

y actualizados al 16-4-2012, en España hay 501

empresas (autónomos y mercantiles, entidades públicas

y organizaciones sin ánimo de lucro), dadas de alta

en la actividad de transporte sanitario, que cuentan con

un total de 10.986 ambulancias con autorización de

transporte (nacional, autonómica, privada complementaria,

etc.).

La masa laboral de este sector es mayoritariamente de

empresas privadas, y contabiliza más de 24.500 trabajadores,

entre técnicos en transporte sanitario, médicos,

enfermeros, operadores de Centros Coordinadores, etc.ctor sujeto al canon fijo
ector sujeto al canon fijo
tor sujeto al canon fijo

El copago en el transporte sanitario alterará

El copago en el transporte sanitario alterará

la eficiencia y las necesidades asistenciales
y sociales en los grupos menos protegidos


ANEA considera que el transporte sanitario es un eje


vertebrador del territorio y el copago va en contra de la

equidad en el Sistema Sanitario.

Rompe la equidad

El transporte sanitario no urgente facilita el acceso a

los hospitales públicos a toda la población española y

es especialmente importante en el medio rural, porque

garantiza la igualdad de condiciones en la asistencia

sanitaria, a todos, independientemente de su nivel de

renta y de la localidad en que resida.

El Real Decreto Ley 16/2012 que establece el copago

para el transporte sanitario no urgente, castiga a las

zonas rurales a pagar un servicio para el que no tienen

alternativa y restringe y mucho el principio de equidad

que rige el sistema.

El transporte sanitario es una prestación básica

En las zonas rurales, mayoritariamente despobladas,

con una población envejecida y sin rutas de transporte

público de viajeros, la existencia de una ambulancia

en su comarca o localidad es un pilar básico de su

asentamiento, y una prestación básica de la Sanidad,

como recoge la Cartera de Servicios Comunes del SNS

en 2006.

Cuestionar ahora que este transporte sanitario no

es básico, en ANEA “nos parece una agresión al

usuario que “alterará la utilidad terapéutica de dichos

procesos” ya que es una prolongación de los servicios

de rehabilitación, prevención, diagnóstico, y tratamiento

incluidos en la cartera común básica.

Genera inseguridad

La indefinición del Real Decreto Ley 16/2012 sobre cómo

se hará efectivo ese copago, que el Ministerio traslada

a las comunidades autónomas, genera una inseguridad

lógica ante lo desconocido.

ANEA se plantea muchas preguntas que a día de hoy no

tienen respuesta:

Ya que las competencias en materia de transporte

sanitario están transferidas a las autonomías, ¿podrán

las comunidades autónomas decidir si aplican el

copago o no?¿Cómo se decide el precio del servicio?

¿Por kilómetro? ¿Con un mínimo más el kilometraje?

¿Por número de viajes? ¿Cuál será el precio en el que

participar si cada zona tiene su propio convenio con

las empresas? ¿Tendrán las ambulancias que cobrar

el traslado? ¿Qué servicios estarán exentos del pago?

¿Que tratamientos, diálisis, quimioterapia, radioterapia?

¿Y la rehabilitación? ¿Y las altas hospitalarias? ¿Y las

consultas externas? ¿Cómo afecta a los servicios de los

enfermos de los ámbitos rurales menos protegidos?.

ANEA también recoge día a día las inquietudes de los

enfermos, pacientes crónicos o personas que dependen

de la ambulancia para acudir al hospital, que interrogan

a los técnicos sobre el futuro del servicio. ¿Hasta cuando

podré utilizar la ambulancia sin pagar? ¿Cuánto me va a

costar el viaje? ¿Cuánto vamos a ahorrar?

ANEA es consciente de que en estas circunstancias de

recesión, hay que hacer ajustes. Y nos ofrecemos a aportar

ideas y a colaborar en medidas que optimicen el gasto

como pueden ser la instauración en los hospitales de los

servicios de pre-alta hospitalaria u otros, no estando en

contra de que se revise el sistema de transporte sanitario

y si hay que recortar, que sea de la manera menos

gravosa para el usuario o donde se pueda detectar un

abuso o despilfarro de recursos. Todos queremos un

transporte sanitario eficiente y la Administración nos

ha tenido y nos tiene a su lado para trabajar juntos en

su mejora y lo hacemos de forma regular a través del

Grupo de Trabajo de Transporte Sanitario, un órgano

consultor que engloba expertos gestores autonómicos

de transporte sanitario, representantes del Ministerio de

Sanidad y de la propia ANEA.

Cambio de denominación social.

ISCAN TRANSPORTES SOCIO SANITARIOS, S.L
Cambio de denominación social.
ISCAN SERVICIOS INTEGRALES, SOCIEDAD LIMITADA.

no es lo mismo que SISCAN Servicios Integrales Sociosanitarios de Canarias S.L

 SI QUIEREN CONSULTAR.

http://www.boe.es/borme/dias/2012/07/03/pdfs/BORME-A-2012-125-35.pdf
Los sindicatos temen que caiga la calidad de las ambulancias si se cambia la gestión


Ambuibérica, aspirante a ocupar el lugar de DYA y Cruz Roja, lo niega y asegura que el trabajo lo harán los mismos profesionales pero con mejores medios . El posible cambio de gestión en el servicio de ambulancias que ahora prestan en Euskadi Cruz Roja y DYA, y que podría pasar a manos de la empresa vallisoletana Ambuibérica S.L., ha encendido las alarmas en los sindicatos vascos. ELA, CC OO y UGT mostraron ayer sus temores a que, si se cumplen los pronósticos y la firma castellana se hace con la concesión, no sólo peligrarán las condiciones laborales de las 300 personas que ahora trabajan ahí sino que, a su juicio, también se resentiría la calidad del servicio.

«Con una oferta a la baja tan bestial -en el concurso público convocado por el Gobierno Vasco-, es imposible que respeten las condiciones sociolaborales y que cumplan con el convenio», asegura el secretario general de la Federación de Servicios de ELA, Iñaki Oliden. «No dan los números», remarca, lo que está provocando una «honda preocupación» en la central.

De la misma opinión es Begoña Latorre, responsable del sector del Transporte de CC OO en Euskadi. «La oferta que han presentado es más baja de lo que cuesta hacer el servicio, así que o bien reducen la plantilla o recortan salarios», vaticina. Desde UGT mantienen la misma tesis y José Luis García, responsable de la Federación del Transporte, alerta al Gobierno Vasco de que es él quien «debe garantizar que se mantiene el empleo y las condiciones laborales».

La inquietud se extiende más allá: «Unas jornadas de trabajo largas y una plantilla desmotivada irá en detrimento de la calidad del servicio».

«Se va a cumplir la ley»

El pasado mes de junio el Gobierno Vasco licitó por 12,2 millones de euros la mitad de la red de transporte sanitario urgente (RTSU) de Euskadi, la parte que ahora prestan DYA y Cruz Roja, para un periodo de quince meses. El paquete se divide en 29 lotes, que suponen otras tantas ambulancias. La pasada semana se abrieron las plicas y el mes que viene está previsto que el Ejecutivo resuelva la adjudicación. Pero todo apunta a que Ambuibérica se hará con el servicio por su oferta económica. Según fuentes conocedoras del proceso, la firma castellana habría pedido 27.900 euros por ambulancia al mes cuando, según las mismas fuentes, sólo el coste salarial asciende a 24.700 (hay que tener en cuenta que cada unidad tiene asignados a diez profesionales). DYA, por ejemplo, cifra el precio en 28.600 euros.

El director general de Ambuibérica, Carlos Magdaleno, considera que todos los recelos que está despertando su posible desembarco en Euskadi están infundados ya que, asegura, el servicio lo seguirán prestando los mismos profesionales -la ley obliga a que la nueva gestora mantenga a los trabajadores- pero con mejores vehículos y medios.

Magdaleno es crítico con el hecho de que hayan tenido que competir con dos ONG porque «legalmente las entidades sin ánimo de lucro deben estar allá donde no llega la iniciativa privada. Cruz Roja y DYA tienen un papel muy importante en la sociedad, pero en ningún caso deben competir con empresas» porque tanto desde el punto de vista fiscal como de aportaciones públicas, dice, se encuentran en un plano privilegiado.

En cuanto a la posible merma en la calidad del servicio, Magdaleno dice que «nuestra compañía es la más grande de España en el sector, nadie tiene tanta experiencia en transporte sanitario y no hemos tenido queja de ninguna Administración. Esto es lo que sabemos hacer». Con 2.700 trabajadores, la firma está presente en Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana y Cantabria.

Compra de 270 ambulancias

En cualquier caso, ¿cómo es posible que oferte un servicio por debajo de su coste, tal y como aseguran los sindicatos? El director general de la firma castellana dice que no es cierto y se refiere a la economía de escala.

«Ambuibérica ha comprado este año 270 ambulancias. Evidentemente, los precios que sacamos en estos vehículos, o en consumos de gasóleo, no son los mismos que empresas pequeñas». En lo referido al empleo asegura que «la subrogación» de trabajadores en caso de cambios de gestión «está regulada, y se va a respetar la legalidad».

Admite que «son normales los recelos» en una plantilla ante el cambio de empresa, pero, insiste en que, «se van a cumplir los convenios».




No es la única empresa que se presenta a este concurso aunque es verdad que las opciones la tiene todas AMBUIBERICA.

El Gobierno Vasco saca a concurso por primera vez la red de transporte sanitario urgente que las ONG prestan desde hace tres décadas

La empresa vallisoletana Ambuibérica S.L. aspira a hacerse con el servicio de ambulancias que desde hace tres décadas prestan en Euskadi Cruz Roja y DYA. Y tiene bastantes opciones de conseguirlo. Según fuentes de ambas ONG, la propuesta económica a la baja de la firma castellana le otorga una posición de privilegio en el concurso. Eso sí, habrá que esperar a septiembre para que el Gobierno Vasco dé a conocer el resultado con la adjudicación provisional del servicio, momento a partir del cual las partes perjudicadas podrán presentar recursos.




Se trata, según las mismas fuentes, de la primera vez que el Ejecutivo de Vitoria saca a concurso el servicio que históricamente vienen prestando DYA y Cruz Roja. Las ONG se ocupan de cubrir la mitad de la red de transporte sanitario urgente (RTSU) en la comunidad autónoma. Y esa mitad fue la que el pasado mes de junio se licitó por 12,2 millones de euros para un plazo de quince meses (desde el próximo octubre hasta el 31 de diciembre de 2013) prorrogables por otros quince. El paquete se divide en 29 lotes, que suponen otras tantas ambulancias: una en Vitoria, cinco en Gipuzkoa y el resto en Bizkaia. DYA y Cruz Roja optaron a las 'plazas' que ahora ocupan, sin interferir una en el terreno de la otra, y media docena de empresas presentaron propuestas para algunos lotes. Pero sólo Ambuibérica aspira a hacerse con la totalidad del servicio licitado.



Ofertas a la baja



La pasada semana se abrieron las ofertas y llegó la «inquietud» a las ONG, admite Fernando Izagirre, coordinador general de DYA, y Aitor Allende, coordinador autonómico de Cruz Roja. El motivo es que la firma castellana hizo ofertas a la baja, «entre 800 y mil euros», en todos los lotes. Las organizaciones que ahora se ocupan del servicio tuvieron mejores puntuaciones en cuestiones como «mejoras técnicas, organizativas, tiempos de respuesta, procedimiento de atención al paciente», dicen sus responsables. Sin embargo, la oferta económica supone el 40% de la puntuación, y a eso hay que añadir los puntos otorgados por disponer de una flota nueva, de manera que acapararía más del 50%.



Este modo de medir méritos no gusta a las ONG, ya que la victoria, casi con total seguridad, se la lleva quien presenta una mejor oferta económica. «En otros concursos, como el de la teleasistencia, se necesitaba una puntuación mínima en los aspectos técnicos y, de no llegar a ella, ni se valoraba la oferta económica», dice el coordinador de Cruz Roja. A su juicio, eso garantiza la calidad del servicio al margen de lo que finalmente se pague por él. Sin embargo, en el concurso de la red de transporte sanitario urgente el dinero acaba siendo un elemento «excluyente», porque por muy buena que sea la puntuación en asuntos técnicos es difícil compensar una oferta barata. En este sentido, tanto Izagirre como Allende mostraron su sorpresa por el bajo precio ofrecido por Ambuibérica, inferior, a su juicio, al coste real del servicio que ahora se presta pese a que es parcialmente cubierto por personal voluntario. Hay que tener en cuenta que la empresa castellana está expandiéndose de manera notable y ya presta este tipo de servicios en Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, y la Comunidad Valenciana. Este mismo año se hizo con las ambulancias de Cantabria tras un proceso que levantó cierta polémica.



Presencia social



A las organizaciones no gubernamentales no solo les preocupa perder el servicio, sino las implicaciones que esto tendrá en cuanto a la pérdida de «volumen social» que les supondría. Es decir, «a largo plazo la presencia de voluntariado, la movilización social, se puede perder», alerta el coordinador de Cruz Roja. Un aspecto negativo ya que la existencia de «voluntarios capacitados» para hacer frente a cualquier situación de emergencia supone, en su opinión, un activo para la sociedad.



En cualquier caso, es pronto para adelantar nada definitivo y habrá que esperar al mes que viene, cuando el Gobierno Vasco se pronunciará y decida la adjudicación provisional del concurso. «De momento, no hay nada definitivo», matiza prudente el coordinador de DYA.







Noticia extraida de:

www.diariovasco.com



Documento que se cuelga en otro Grupo.... dice ser de un Comunicado Interno de CCOO.


Ante la próxima y temida fecha, por algunos, del día 9 de Agosto, fecha en que las comunidades deberían tener desarrollado el REAL DECRETO 836/2012, de 25 de Mayo, en la que además de otras cosas, se regula la dotación de personal de los vehículos de Transporte Sanitario, os cuento lo que se trató en la reunión mantenida por CC.OO. (a la que asistí yo), del día 30 de Julio en el Ministerio de Sanidad, en Madrid: En la reunión, quien nos recibió fue: Pilar Carbajo Arias (Subdirectora General Adjunta de la Subdirección General de Ordenamiento Profesional). Comenzamos indicándole cual era el motivo de la solicitud de reunión y se le explicaron todas las dudas que nos surgían en el texto del REAL DECRETO 386/ 2012, de 25 de Mayo y los problemas que surgían en las distintas Comunidades Autónomas, en la interpretación y próximo desarrollo de este. Se mostró bastante receptiva a nuestras inquietudes, en las cuales, después de explicárselas, llegó a entenderlas y hasta se pronunció en algunas de ellas. Las cuestiones sobre las que le pedimos pronunciamiento, aclaración y actuaciones a realizar al respecto, en orden a subsanar malas interpretaciones y garantizar claridad aplicativa del Real Decreto 386/2012, de 25 de Mayo, se focalizaron principalmente en: Se preguntó por la entrada en vigor de este REAL DECRETO, ya que podíamos estar incumpliendo, a día de hoy, esta normativa. Su respuesta, es que todavía se tiene que desarrollar en las distintas autonomías y debido a las fechas en las que estamos, la complicación de su desarrollo y su puesta en marcha, varias autonomías solicitaron un alargamiento en el plazo, por lo que no se haría en la fecha indicada y que se alargaría en el tiempo, sin fecha prevista, pero posiblemente en el mes de Septiembre, aprovechando además este tiempo, para intentar incluir las aclaraciones que se solicitan por parte de CC.OO., para intentar llegar a consenso en su clarificación. En relación con el articulo 4 y Disposición Transitoria segunda y estas son: Se solicitó que la habilitación profesional, tuviera la misma consideración que la FP, que fuera indefinida, para el resto de su vida laboral, para cualquier cambio de empresa y valida para todo el territorio nacional. Su respuesta fue, que las habilitaciones se harían para toda la vida laboral, sin importar el cambio de empresa, en relación a la certificación de las empresas y solo se le requerirá FP o certificación profesional, para trabajadores que ingresen por primera vez en el sector. Se solicitó que la habilitación fuera para conductores, ayudantes y camilleros, en las mismas condiciones, ya que en el decreto solamente se habilita a los conductores. Su respuesta fue que si, que no se habían dado cuenta, que es una errata y que lo solucionarían, que la intención era hacerlo para todos. Se preguntó por la habilitación del personal que desempeñan labores en entidades que dispongan de vehículos de Transporte Sanitario (Protección Civil, Cruz Roja, DYA, etc...). Su respuesta que se habilitarían en las mismas condiciones que el resto del personal, por su vida laboral.

Se solicitó que, puesto que parece que hay un error de redacción para acceder a la habilitación profesional esta se pudiera realizar en los próximos 6 años para los vehículos A1 y A2 y en los próximos 8 años, para los de los vehículos B y C. Su respuesta es que lo tendrían que estudiar. Se solicitó que los trabajadores que lleven trabajando mas de 1 año, se les permita continuar trabajando para poderse habilitar, en las mismas condiciones del punto anterior, así como, los trabajadores que hayan trabajado anteriormente, pero que no lo estén haciendo en el momento de publicación de este REAL DECRETO. Se solicitó que se contemplara en las habilitaciones, el personal que no se encuentra en activo por situaciones de excedencia, guarda legal, etc... Se solicitó que se habilitara, excepcionalmente, a través de las comunidades autónomas, especialmente a trabajadores discontinuos y eventuales que hayan realizado algún tipo de formación puesta en marcha por las distintas administraciones, anteriormente a esta normativa y que hayan estado en activo en el ultimo año, así como, para los que hayan realizado la cualificación profesional. Debido a que no esperaba tantas dudas, nos indicó que se las pasáramos por escrito, además de meterlas por registro correspondiente, tanto al Ministerio de Sanidad (que le llegaría a ella), como al Ministerio de Fomento (se envió a los 2 ministerios al día siguiente, día 31 de Julio), para poderlas contestar y hacer alguna aclaración sobre la redacción del Real Decreto (esto lo hará ella, ya que desde el Ministerio de Fomento, se lo remitieron al Ministerio de Sanidad), y posiblemente se hagan aclaraciones ya que hacer una modificación, sería muy complicado, llevaría tiempo y cualquier modificación de un Decreto, lleva un tramite Parlamentario, pero que nos daría contestación oficial a todos estos requerimientos y haría las correspondientes aclaraciones, haciéndoselas llegar de la misma manera a las distintas autonomías. Si tienes alguna duda o quieres alguna aclaración mas sobre este tema, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Un saludo.



David Fernández Cora

Responsable Comunicación FSC-CC.OO.

Sector Carretera (Ambulancias)

Tlf.: 678403038

Ambuibérica pretende incrementar un 10% su plantilla en Cantabria

Presentada la nueva flota de ambulancias compuesta por un centenar de vehículos nuevos


 
Carlos Magdaleno, director gerente de Ambuibérica, nueva concesionaria del transporte sanitario en Cantabria, ha asegurado hoy que la intención de la empresa es, no solo mantener los 300 empleados que tenía la anterior, sino incrementar en un 10% su plantilla en la región.

Magdaleno se ha manifestado así durante la presentación esta mañana en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan) de parte de la nueva flota de ambulancias, compuesta por cerca de 110 vehículos nuevos y dotados con las últimas tecnologías, que Ambuibérica desplegará en la región.

En el acto han estado presentes también el director gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Santiago Cossio, y el director gerente del Servicio de Atención Primaria, José Antonio García.

La flota que Ambuibérica desplegará en Cantabria está formada por 19 vehículos con soporte vital básico, 10 vehículos de urgencia, 7 UVI móvil, una UVI psiquiátrica y unos 70 unidades para transporte no asistencial, colectivo y de apoyo logístico.

Entre las novedades que presenta la nueva concesionaria del servicio de transporte sanitario en Cantabria destacan, según ha señalado García, el incremento de vehículos de soporte vital básico en lugares donde hasta ahora se contaba con ambulancias convencionales como Laredo, Reinosa, Torrelavega, Cabezón de la Sal y Nansa.

Además, se incorporan aparatos de electromedicina de última generación, a la vez que se incrementan las horas de prestación de los servicios.

También se establece un sistema de control y evaluación permanente que, según ha señalado García, "obligará" a la empresa a un "redimensionamiento continuo", mientras que se le marcan unos objetivos sujetos a penalización si no se cumplen.

Cossio ha destacado que con la concesión del transporte sanitario en Cantabria a Ambuibérica se mejoran las horas de asistencia y las prestaciones, para "garantizar" el servicio a los pacientes, a la vez que ha recordado que la empresa tiene obligación de subrogar a los trabajadores de la anterior concesionaria.

A este respecto, Magdaleno ha trasladado la intención de la empresa de mantener la plantilla anterior formada por 300 trabajadores y de incrementarla en un 10 por ciento para mejorar la conciliación familiar y laboral.

Además, ha destacado que todos los recursos que Ambuibérica desplegará en Cantabria son nuevos y dotados de las últimas tecnologías y ha mostrado su confianza en que la valoración que harán el Gobierno regional y los ciudadanos de su servicio será buena.

Magdaleno ha recordado que Ambuibérica es líder en el transporte sanitario en España con un 10% del servicio a nivel nacional, para lo que cuenta con 2.500 trabajadores y unos 800 vehículos en total.
Despues de un breve parentesis ya estamos aquí otra vez.

Stefano Pellegri