GSC niega que los litigios interfieran en el servicio de ambulancias
J. L. CÁMARA
Santa Cruz de Tenerife
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias salió ayer al paso de las críticas vertidas por algunos sindicatos respecto a los problemas en la prestación de los servicios de transporte sanitario, derivados de los recortes y el controvertido concurso de adjudicación de 2008.
Fuentes de la empresa Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC) quisieron dejar claro a este periódico que el tijeretazo no ha afectado al sector de las ambulancias, donde sólo se ha producido una “redistribución de los recursos disponibles”. Es el caso de los servicios que se prestaban en el Norte de Tenerife, donde la supresión de los vehículos de Cruz Roja ha ocasionado, según las organizaciones sindicales, “numerosos problemas”.
Desde GSC explicaron que el 26 de octubre Cruz Roja anunció la suspensión del convenio a partir del 1 de enero de 2012, por lo que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) tuvo que asumir algunos de los servicios que prestaba la ONG. Ello ha supuesto que en zonas como Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz estén asistidas ahora por ambulancias básicas y medicalizadas del SUC, “con servicios de 12 y 24 horas al día”.
“No ha habido modificación alguna de horarios. El convenio se suscribió en 2010 y fue decisión de Cruz Roja no continuar, ante la imposibilidad de mantener económicamente estos servicios”, recalcaron las mismas fuentes, quienes negaron que se vayan a producir recortes en materia de transporte sanitario.
Del mismo modo, y respecto a los conflictos judiciales que tiene abiertos la Consejería, desde Sanidad manifestaron que “no interfieren en la prestación de los servicios”. Hasta la fecha, hay presentados una docena de recursos por la vía contencioso-administrativa contra el contrato público de 2008. Además, el 29 de julio de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la adjudicación del servicio de ambulancias de urgencias del norte de Gran Canaria, tras dar por probado que el Gobierno autonómico contrató a una empresa sin clasificación debida, que acreditara su solvencia económica y técnica (Iscan Transportes Socio Sanitarios SL), mercantil ligada a los extraños trasvases de beneficios de la ONG Mundo Nuevo, entidad especializada en menores.
El Ejecutivo autonómico presentó meses después un recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo, cuya decisión será básica para conocer si el resto de empresas recurrentes tienen o no opciones de seguir adelante con sus contenciosos.
Los letrados de la Comunidad se oponen a la nulidad de un contrato que vence el 31 de diciembre de 2013, por importe de 19.274.332,44 euros, cuya ilegalidad se sustenta, según la sentencia, en la vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público por parte de la Mesa de Contratación presidida por el exgerente de GSC, Luis Molina, también cuestionada ahora en el ámbito penal y no sólo en la vía administrativa.
Casos similares se produjeron supuestamente en las islas de Tenerife y La Palma, donde la denuncia presentada por una empresa de ambulancias provocó en noviembre la reapertura del caso, por orden de la Audiencia de Las Palmas. Según entienden otra serie de empresas perjudicadas en el concurso, una sentencia en firme conllevaría la anulación del resto de lotes adjudicados, un total de 13 servicios diferentes, por un importe global de 267,3 millones de euros.
J. L. CÁMARA
Santa Cruz de Tenerife
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias salió ayer al paso de las críticas vertidas por algunos sindicatos respecto a los problemas en la prestación de los servicios de transporte sanitario, derivados de los recortes y el controvertido concurso de adjudicación de 2008.
Fuentes de la empresa Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC) quisieron dejar claro a este periódico que el tijeretazo no ha afectado al sector de las ambulancias, donde sólo se ha producido una “redistribución de los recursos disponibles”. Es el caso de los servicios que se prestaban en el Norte de Tenerife, donde la supresión de los vehículos de Cruz Roja ha ocasionado, según las organizaciones sindicales, “numerosos problemas”.
Desde GSC explicaron que el 26 de octubre Cruz Roja anunció la suspensión del convenio a partir del 1 de enero de 2012, por lo que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) tuvo que asumir algunos de los servicios que prestaba la ONG. Ello ha supuesto que en zonas como Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz estén asistidas ahora por ambulancias básicas y medicalizadas del SUC, “con servicios de 12 y 24 horas al día”.
“No ha habido modificación alguna de horarios. El convenio se suscribió en 2010 y fue decisión de Cruz Roja no continuar, ante la imposibilidad de mantener económicamente estos servicios”, recalcaron las mismas fuentes, quienes negaron que se vayan a producir recortes en materia de transporte sanitario.
Del mismo modo, y respecto a los conflictos judiciales que tiene abiertos la Consejería, desde Sanidad manifestaron que “no interfieren en la prestación de los servicios”. Hasta la fecha, hay presentados una docena de recursos por la vía contencioso-administrativa contra el contrato público de 2008. Además, el 29 de julio de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la adjudicación del servicio de ambulancias de urgencias del norte de Gran Canaria, tras dar por probado que el Gobierno autonómico contrató a una empresa sin clasificación debida, que acreditara su solvencia económica y técnica (Iscan Transportes Socio Sanitarios SL), mercantil ligada a los extraños trasvases de beneficios de la ONG Mundo Nuevo, entidad especializada en menores.
El Ejecutivo autonómico presentó meses después un recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo, cuya decisión será básica para conocer si el resto de empresas recurrentes tienen o no opciones de seguir adelante con sus contenciosos.
Los letrados de la Comunidad se oponen a la nulidad de un contrato que vence el 31 de diciembre de 2013, por importe de 19.274.332,44 euros, cuya ilegalidad se sustenta, según la sentencia, en la vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público por parte de la Mesa de Contratación presidida por el exgerente de GSC, Luis Molina, también cuestionada ahora en el ámbito penal y no sólo en la vía administrativa.
Casos similares se produjeron supuestamente en las islas de Tenerife y La Palma, donde la denuncia presentada por una empresa de ambulancias provocó en noviembre la reapertura del caso, por orden de la Audiencia de Las Palmas. Según entienden otra serie de empresas perjudicadas en el concurso, una sentencia en firme conllevaría la anulación del resto de lotes adjudicados, un total de 13 servicios diferentes, por un importe global de 267,3 millones de euros.
