miércoles, 25 de abril de 2012

Sanidad cobrará la ambulancia a los hospitalizados tras reci




Sanidad cobrará la ambulancia a los hospitalizados tras recibir el alta





Los ciudadanos pagarán un porcentaje en función de su renta cuando soliciten que un vehículo sanitario los traslade a su casa



Volver a casa desde el hospital tras haber recibido el alta va a dejar de salir gratis. En breve se pondrá en marcha una medida que implicará pagar una parte del coste del traslado al domicilio en vehículo sanitario. La cantidad que tendrá que abonar el ciudadano se fijará en función de su renta, tal como confirmaron fuentes de la Conselleria de Sanidad.



Las fuentes consultadas insistieron en que no se trata de cobrar todos los servicios de ambulancia, sino solo los de aquellas personas que «piden una cuando tras haber estado ingresados en un hospital reciben el alta y ya se tienen que ir a casa». Se excluyen, por tanto, de la nueva circunstancia los traslados de pacientes que acuden a los centros sanitarios para recibir tratamientos, ya se trate de terapias de «rehabilitación o casos de enfermos en procesos de hemodiálisis», entre otros casos.



Poco más concretaron las fuentes respecto a la aplicación de esta medida, puesto que apuntaron que a partir de ahora se tendrán que determinar los criterios para su puesta en marcha y así poder conocer también cuándo empezará a aplicarse. Insistieron en que no se cobrará al enfermo el coste total, sino que al igual que ocurrirá a partir de ahora con los medicamentos, los ciudadanos abonarán la parte que corresponda «en función de la renta de cada uno».



Esta nueva medida se enmarca en el paquete de actuaciones aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para afrontar la crítica situación de la sanidad pública. Son las actuaciones que el pasado miércoles aprobaron los responsables autonómicos de Sanidad y la ministra Ana Mato en el transcurso del Consejo Interterritorial.



De hecho, el Ministerio de Sanidad tras el Consejo Interterritorial ya apuntó que en el mismo se había acordado «unificar el criterio de participación de los usuarios». Entre las áreas que se verían afectadas por esta decisión incluyó productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos, así como transporte sanitario no urgente, que sería el que incluye a las ambulancias.







Ahorro en la Comunitat



Las reformas aprobadas por el Gobierno, tanto los cambios adoptados para la financiación de medicamentos como de otros servicios, llevarán a la Comunitat a ahorrar unos 500 millones de euros. Esa es la cantidad de dinero que el conseller, Luis Rosado, estima que se dejará de gastar.



El incremento de la vigilancia para conseguir cobrar las prestaciones sanitarias que reciben los turistas es una de las medidas más aplaudidas por los responsables autonómicos, puesto que consideran que la Comunitat se resarcirá de 100 millones anuales.



Pero, además, la conselleria espera poder ahorrar 440 millones con la aplicación de las actuaciones adoptadas por el Consell el pasado mes de enero. Sanidad mantiene que con la aplicación de estas medidas ya ha conseguido reducir el gasto sanitario en 58 millones, solo en los meses de enero y febrero.



El responsable autonómico ha defendido esta semana el cambio previsto para la financiación de los medicamentos apuntando que pagar los fármacos «en función de la renta hace al sistema más justo y equitativo, ya que pagan más los que más tienen, sin olvidar a los desempleados y protegiendo a los enfermos graves y crónicos».



Los pronunciamientos de Rosado en favor de las actuaciones aprobadas fueron más lejos. No dudó en asegurar que la reducción que se prevé sobre el importe de la factura farmacéutica permitirá que «la atención sanitaria española continúe siendo pública, universal, gratuita y de calidad».

EL COPAGO Y PRIVATIZACIÓN

Más de 1.500 pacientes se verán afectados cada día por los recortes











Copago farmacéutico, servicios comunes, precios a la baja, pago de prótesis ambulatoria y transporte sanitario no urgente. Éstas son algunas de las medidas urgentes puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular (PP), que ayer mismo se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE).






El objetivo, ahorrar en torno a 7.000 millones de euros en la sanidad española. Entre los principales damnificados, además de los usuarios y los profesionales, están los trabajadores de las ambulancias, un sector que en comunidades como la canaria lleva años en situación precaria.






En esta ocasión, según asegura Carlos Ojeda, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC.OO), más de 1.500 pacientes de la provincia tinerfeña se verán afectados diariamente por una medida que, según él, “es un disparate más de los muchos que está cometiendo el Gobierno”.






Para Ojeda, acciones como las puestas en marcha por el Ejecutivo de Rajoy van encaminadas “a la privatización de los servicios públicos”. “No sabemos cómo y cuándo van a parar con los recortes, que suponen un retroceso de 40 años en la prestación de servicios y comprometen el Estado del Bienestar, tal y como lo conocíamos hasta ahora”, subraya el dirigente sindical, que insiste en que “medidas como el pago del transporte sanitario no urgente tendrán un enorme coste para la clase trabajadora”.






Desde CC.OO consideran que en Canarias, al hilo de la situación económica, se está “reordenando” todo el sector del transporte sanitario. “La subida concursal ha sido de un 4% menos de lo pactado, lo que nos ha llevado a negociar, en el ámbito de las empresas, tanto congelaciones salariales como pérdida de derechos de los trabajadores”, denota Carlos Ojeda, quien deja claro que “muchas empresas no podrán mantener sus actuales plantillas, porque además cualquier negociación siempre se realizará bajo la sombra de la nueva reforma laboral”.






“En el Archipiélago -arguye Ojeda- estamos muy lejos de la media estatal, en un sector precario, y sabíamos que los recortes iban a afectar especialmente a las empresas subcontratadas, a pesar de que se trata de un servicio público esencial”. “No hablamos de cajas, sino de personas, y de derechos conquistados hace muchos años”, dice con rotundidad el responsable sindical, quien asegura que las organizaciones plantearán nuevas movilizaciones, “porque si no hay una respuesta social contundente, el Gobierno va a seguir haciendo barbaridades de este tipo”. En una línea más comedida se muestra el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Schwartz, para quien el copago puede ser “positivo” si se implanta “de manera equitativa”. “Habrá que esperar a los próximos meses para valorar qué efecto real tienen estas medidas”, expone al DIARIO Schwartz, quien aclara que la reforma todavía tendrá que ser convalidada en el Congreso en los próximos meses.






El responsable del colegio de farmacéuticos, no obstante, sí tiene claro que no se puede hablar de beneficiados o perjudicados por estas medidas, porque “está en juego el sistema público español”. No en vano, Guillermo Schwartz recuerda que “es el cuarto Real Decreto en los últimos años que afecta directamente al sector farmacéutico”.






La aportación del ciudadano en los fármacos será proporcional a su renta y ésta se actualizará anualmente. Los usuarios con una renta por encima de 18.000 euros pagarán el 50% de los medicamentos, mientras que los que estén por debajo de esa cantidad seguirán abonando el 40%, y aquellos cuya renta sea superior a 100.000 euros pagarán el 60%.






Los pensionistas con renta inferior a 18.000 euros pagarán el 10%, con un tope de 8 euros mensuales; los que perciban más de esa renta abonarán un máximo de 18 euros al mes.













Stefano Pellegri