viernes, 2 de noviembre de 2012

Los recortes dejan fuera de servicio al menos 34 ambulancias hasta 2012

a sanidad pública catalana también retrasará su tiempo de respuesta este verano: a la reducción de horarios en un centenar de centros sanitarios, 40 de ellos clausurados durante el mes de agosto, se añade la reducción del servicio de ambulancias. Un portavoz del Servicio de Energencias Médicas (SEM) admitió ayer que el objetivo del Departamento de Salud es reducir un 6% anual los servicios prestados por este organismo, lo que equivale a dejar aparcadas y sin personal 34 de las 320 ambulancias del SEM que tienen turnos de 12 horas.
Los sindicatos CC OO, UGT y USOC sostienen que los recortes aún serán más duros en lo que queda de año, ya que al tener que lograr un ahorro del 6% anual en apenas seis meses, la reducción de aquí a final de año superará el equivalente a medio centenar de vehículos. Salud revisará tras el verano el ahorro logrado con este recorte antes de decidir si emprende nuevos ajustes para alcanzar el objetivo del 6% anual o suaviza el tijeretazo. Los trabajadores del sector, por su parte, empezaron ayer una huelga indefinida contra los recortes.
La medida deja, por ejemplo, extensas comarcas, como la del Ripollès, con dos vehículos sanitarios, uno de los cuales, además, está ocupado trasladando pacientes entre la zona y el hospital Josep Trueta de Girona, a casi tres horas de distancia. Decenas de municipios de esta y otras zonas claman estos días contra los recortes. "No entendemos que reduzcan este servicio: de la capacidad de respuesta de estas ambulancias dependen vidas. Una urgencia suele ser cuestión de poco tiempo", lamentó Gervasi Aspa (ERC), alcalde de Deltebre (Baix Ebre, 12.000 habitantes). La localidad aprobó en pleno municipal una moción por la que rechaza los recortes de la Generalitat.
Salud señala que mantiene un centenar de unidades de apoyo vital avanzado e intermedio, y que los criterios para el recorte tienen en cuenta el horario de los centros sanitarios, por lo que se seguirá atendiendo todas las urgencias, aunque sea más tarde. El tiempo medio pasará de 10 a 20 minutos, calculan fuentes de Salud.
Los sindicatos, por su parte, alertan de que en zonas aisladas la espera por una urgencia puede alargarse hasta 50 minutos porque los vehículos deberán cubrir emergencias fuera su zona de cobertura habitual. "Y si a la ambulancia que cubre varias localidades se le solapan dos o más servicios, la demora puede alargarse horas", avisa un portavoz de UGT.Las localidades de mediano y pequeño tamaño que se hallan más alejadas de Barcelona son las más afectadas por el tijeretazo de vehículos sanitarios de emergencia. Las comarcas de Girona y las de la Cataluña central pierden cerca de un centenar de horas diarias de servicio cada una, el equivalente a dejar en el garaje unas 10 ambulancias, según los sindicatos. La zona de Tarragona pierde unas 78 horas de servicio diario, además de las cerca de 60 horas que se recortan en las comarcas del Ebro, señalan fuentes de Salud. El comité de ambulancias de Reus, por su parte, denuncia que se han reducido de 25 a 20 las ambulancias operativas en la zona de Tarragona. El área barcelonesa pierde unas 75 horas diarias, por 63 horas de Lleida, informa Lluís Visa. El Alto Pirineo pierde 30 horas de servicio diario y el Baix Llobregat cede 72 horas.
La Cataluña interior y las comarcas gerundenses se han echado a la calle para recuperar los servicios de ambulancias recortados por la Generalitat, incluidas localidades con alcaldes de CiU, el mismo partido que orquesta los recortes. Más de 1.500 personas se han adherido a las protestas en Igualada (Anoia, 40.000 habitantes), ciudad que ha perdido una de las dos ambulancias de 24 horas. Este vehículo pasará ahora a cubrir únicamente el turno de medianoche, hasta las ocho de la mañana. "Aunque esa ambulancia realice solo una salida al día, si sirve para salvar una vida, no tiene precio", reza el manifiesto promovido por los sindicatos de la localidad, que ya han recogido unas 16.000 firmas.
En el Ripollès, solo dos ambulancias deben cubrir una zona montañosa de unos 1.000 kilómetros cuadrados de extensión. "Es un área desprotegida. Si una ambulancia debe trasladar algún paciente al hospital más cercano, en Girona capital, ya tiene unas tres horas de trayecto", señala Lourdes Alsina, de CC OO.
La localidad ilustra los embrollos que genera el nuevo esquema de atención sanitaria: los habitantes del municipio quedan ahora a merced de las dos ambulancias que atenderán a toda la comarca. Una de ellas está destinada a los traslados entre hospitales, por lo que, en la práctica, una sola ambulancia deberá cubrir la mayoría de las urgencias de día.
"Ya estábamos bajo mínimos", se queja Jordi Munell (CiU), alcalde de Ripoll (Ripollès), de 11.000 habitantes, que se ha quedado sin una sola ambulancia. Pese a formar parte de las filas de CiU, Munell no ahorra críticas a la decisión del Departamento de Salud. "El ahorro debe aplicarse de forma racional, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio", afirma. "Es un territorio muy extenso y con pueblos pequeños y demasiado dispersos. Estamos preocupados", subraya el alcalde.
Empuriabrava (Alt Empordà) y Arbúcies (Selva) también se han quedado sin ambulancia. Esta última localidad lleva una semana de protestas y ayer volvió a manifestarse para garantizar la atención sanitaria de calidad. "No descartamos acudir a los tribunales para recuperar la sanidad pública", avisó el alcalde, Pere Garriga.
En otras localidades, como Besalú (Garrotxa), de 2.500 habitantes, la eliminación del servicio implica retrasos significativos en el tiempo de respuesta a los enfermos. En este pueblo turístico, que en verano suele duplicar su población, la ambulancia que funcionaba todo el día ahora solo lo hará por la noche. "El servicio diurno lo cubrirán vehículos que tardarán más de 20 minutos en llegar", lamenta CC OO.

La Xunta verá "el margen" que deja la orden para el pago de ambulancias

El jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la Xunta está a la espera de ver qué determina la orden que desarrolle las tasas y supuestos de pago por transporte sanitario y ha apuntado que, cuando exista dicha normativa, se evaluará y se decidirá su aplicación "en función del margen que deje" la legislación "básica".
Así se ha pronunciado tras presidir la reunión semanal de su Ejecutivo, en una rueda de prensa en la que ha garantizado que, a la hora de aplicar dicha norma, la Xunta será "sensible y consecuente" con las características propias de la geografía gallega, como la dispersión, y por el tipo de dolencia para las que se requiera transporte sanitario.
En cualquier caso, ha precisado que, por el momento, no se ha producido "ningún cambio" en las ambulancias y que "ni en los próximos días, ni semanas, ni meses se va a cobrar nada" hasta que haya una propuesta por parte del Ministerio y ésta sea evaluada en el Consejo Interterritorial de Salud. Dicho esto, ha remarcado que lo que se ha hecho en el ámbito estatal es "pactar una cartera de servicios públicos para todo el país", antes de insistir en que no se puede adoptar ninguna decisión hasta que haya una propuesta concreta para el pago de transporte sanitario.
"De momento no sabemos ni los precios, ni las tasas ni los supuestos en los que habría que cobrar. Cuando haya una propuesta, la evaluaremos y, en función del margen que nos deje la legislación básica, actuaremos y seremos consecuentes con la geografía gallega y las patologías", ha insistido.Por otra parte, preguntado por las críticas vertidas por la oposición y por distintos colectivos como la plataforma SOS Sanidade Pública, así como la petición de ésta de que no aplique los recortes, ha replicado que él representa "al Estado en Galicia" conforme determinan "el Estatuto y la Constitución".
Por ello, ha indicado que pedir a un responsable político "que sea irresponsable" no le parece "adecuado". "Eso hay que ponerlo por encima de otras consideraciones", ha esgrimido, al tiempo que ha destacado que España es "una de las naciones europeas en situación más delicada" y que, aún así, "puede ser una de las pocas que no cobre nada por asistencia sanitaria". "Si eso no lo ponemos en valor, no sabemos donde estamos", ha avisado, antes de recordar que "la mayoría de los países" de la zona euro cobran "una tasa o un precio" por los servicios sanitarios. Así, ha apelado a la necesidad de tener en cuenta este factor y ha justificado los ajustes del Gobierno central para poder "mantener la sanidad pública y seguir yendo gratis al médico".
"En este momento estamos teniendo un Gobierno y es muy importante tenerlo en época de crisis", ha defendido el presidente gallego, quien ha recordado que el anterior Gobierno "congeló las pensiones y subió los impuestos" a los pensionistas. "La no actualización de sus prestaciones es similar a lo que ahora se pide a los pensionistas", ha zanjado.

Los sindicatos temen que caiga la calidad de las ambulancias si se cambia la gestión

Ambuibérica, aspirante a ocupar el lugar de DYA y Cruz Roja, lo niega y asegura que el trabajo lo harán los mismos profesionales pero con mejores medios 

 

 

El posible cambio de gestión en el servicio de ambulancias que ahora prestan en Euskadi Cruz Roja y DYA, y que podría pasar a manos de la empresa vallisoletana Ambuibérica S.L., ha encendido las alarmas en los sindicatos vascos. ELA, CC OO y UGT mostraron ayer sus temores a que, si se cumplen los pronósticos y la firma castellana se hace con la concesión, no sólo peligrarán las condiciones laborales de las 300 personas que ahora trabajan ahí sino que, a su juicio, también se resentiría la calidad del servicio.
«Con una oferta a la baja tan bestial -en el concurso público convocado por el Gobierno Vasco-, es imposible que respeten las condiciones sociolaborales y que cumplan con el convenio», asegura el secretario general de la Federación de Servicios de ELA, Iñaki Oliden. «No dan los números», remarca, lo que está provocando una «honda preocupación» en la central.
De la misma opinión es Begoña Latorre, responsable del sector del Transporte de CC OO en Euskadi. «La oferta que han presentado es más baja de lo que cuesta hacer el servicio, así que o bien reducen la plantilla o recortan salarios», vaticina. Desde UGT mantienen la misma tesis y José Luis García, responsable de la Federación del Transporte, alerta al Gobierno Vasco de que es él quien «debe garantizar que se mantiene el empleo y las condiciones laborales».
La inquietud se extiende más allá: «Unas jornadas de trabajo largas y una plantilla desmotivada irá en detrimento de la calidad del servicio».
«Se va a cumplir la ley»
El pasado mes de junio el Gobierno Vasco licitó por 12,2 millones de euros la mitad de la red de transporte sanitario urgente (RTSU) de Euskadi, la parte que ahora prestan DYA y Cruz Roja, para un periodo de quince meses. El paquete se divide en 29 lotes, que suponen otras tantas ambulancias. La pasada semana se abrieron las plicas y el mes que viene está previsto que el Ejecutivo resuelva la adjudicación.
Pero todo apunta a que Ambuibérica se hará con el servicio por su oferta económica. Según fuentes conocedoras del proceso, la firma castellana habría pedido 27.900 euros por ambulancia al mes cuando, según las mismas fuentes, sólo el coste salarial asciende a 24.700 (hay que tener en cuenta que cada unidad tiene asignados a diez profesionales). DYA, por ejemplo, cifra el precio en 28.600 euros.
El director general de Ambuibérica, Carlos Magdaleno, considera que todos los recelos que está despertando su posible desembarco en Euskadi están infundados ya que, asegura, el servicio lo seguirán prestando los mismos profesionales -la ley obliga a que la nueva gestora mantenga a los trabajadores- pero con mejores vehículos y medios.
Magdaleno es crítico con el hecho de que hayan tenido que competir con dos ONG porque «legalmente las entidades sin ánimo de lucro deben estar allá donde no llega la iniciativa privada. Cruz Roja y DYA tienen un papel muy importante en la sociedad, pero en ningún caso deben competir con empresas» porque tanto desde el punto de vista fiscal como de aportaciones públicas, dice, se encuentran en un plano privilegiado.
En cuanto a la posible merma en la calidad del servicio, Magdaleno dice que «nuestra compañía es la más grande de España en el sector, nadie tiene tanta experiencia en transporte sanitario y no hemos tenido queja de ninguna Administración. Esto es lo que sabemos hacer». Con 2.700 trabajadores, la firma está presente en Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana y Cantabria.
Compra de 270 ambulancias
En cualquier caso, ¿cómo es posible que oferte un servicio por debajo de su coste, tal y como aseguran los sindicatos? El director general de la firma castellana dice que no es cierto y se refiere a la economía de escala.
«Ambuibérica ha comprado este año 270 ambulancias. Evidentemente, los precios que sacamos en estos vehículos, o en consumos de gasóleo, no son los mismos que empresas pequeñas». En lo referido al empleo asegura que «la subrogación» de trabajadores en caso de cambios de gestión «está regulada, y se va a respetar la legalidad».
Admite que «son normales los recelos» en una plantilla ante el cambio de empresa, pero, insiste en que, «se van a cumplir los convenios».
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