Ambuibérica, aspirante a ocupar el lugar de DYA y Cruz Roja, lo niega y asegura que el trabajo lo harán los mismos profesionales pero con mejores medios
El posible cambio de gestión en el servicio de
ambulancias que ahora prestan en Euskadi Cruz Roja y DYA, y que podría
pasar a manos de la empresa vallisoletana Ambuibérica S.L., ha encendido
las alarmas en los sindicatos vascos. ELA, CC OO y UGT mostraron ayer
sus temores a que, si se cumplen los pronósticos y la firma castellana
se hace con la concesión, no sólo peligrarán las condiciones laborales
de las 300 personas que ahora trabajan ahí sino que, a su juicio,
también se resentiría la calidad del servicio.
«Con una oferta a la baja tan bestial -en el concurso
público convocado por el Gobierno Vasco-, es imposible que respeten las
condiciones sociolaborales y que cumplan con el convenio», asegura el
secretario general de la Federación de Servicios de ELA, Iñaki Oliden.
«No dan los números», remarca, lo que está provocando una «honda
preocupación» en la central.
De la misma opinión es Begoña Latorre, responsable del
sector del Transporte de CC OO en Euskadi. «La oferta que han presentado
es más baja de lo que cuesta hacer el servicio, así que o bien reducen
la plantilla o recortan salarios», vaticina. Desde UGT mantienen la
misma tesis y José Luis García, responsable de la Federación del
Transporte, alerta al Gobierno Vasco de que es él quien «debe garantizar
que se mantiene el empleo y las condiciones laborales».
La inquietud se extiende más allá: «Unas jornadas de
trabajo largas y una plantilla desmotivada irá en detrimento de la
calidad del servicio».
«Se va a cumplir la ley»
El pasado mes de junio el Gobierno Vasco licitó por 12,2
millones de euros la mitad de la red de transporte sanitario urgente
(RTSU) de Euskadi, la parte que ahora prestan DYA y Cruz Roja, para un
periodo de quince meses. El paquete se divide en 29 lotes, que suponen
otras tantas ambulancias. La pasada semana se abrieron las plicas y el
mes que viene está previsto que el Ejecutivo resuelva la adjudicación.
Pero todo apunta a que Ambuibérica se hará con el
servicio por su oferta económica. Según fuentes conocedoras del proceso,
la firma castellana habría pedido 27.900 euros por ambulancia al mes
cuando, según las mismas fuentes, sólo el coste salarial asciende a
24.700 (hay que tener en cuenta que cada unidad tiene asignados a diez
profesionales). DYA, por ejemplo, cifra el precio en 28.600 euros.
El director general de Ambuibérica, Carlos Magdaleno,
considera que todos los recelos que está despertando su posible
desembarco en Euskadi están infundados ya que, asegura, el servicio lo
seguirán prestando los mismos profesionales -la ley obliga a que la
nueva gestora mantenga a los trabajadores- pero con mejores vehículos y
medios.
Magdaleno es crítico con el hecho de que hayan tenido que
competir con dos ONG porque «legalmente las entidades sin ánimo de
lucro deben estar allá donde no llega la iniciativa privada. Cruz Roja y
DYA tienen un papel muy importante en la sociedad, pero en ningún caso
deben competir con empresas» porque tanto desde el punto de vista fiscal
como de aportaciones públicas, dice, se encuentran en un plano
privilegiado.
En cuanto a la posible merma en la calidad del servicio,
Magdaleno dice que «nuestra compañía es la más grande de España en el
sector, nadie tiene tanta experiencia en transporte sanitario y no hemos
tenido queja de ninguna Administración. Esto es lo que sabemos hacer».
Con 2.700 trabajadores, la firma está presente en Castilla y León,
Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana y Cantabria.
Compra de 270 ambulancias
En cualquier caso, ¿cómo es posible que oferte un
servicio por debajo de su coste, tal y como aseguran los sindicatos? El
director general de la firma castellana dice que no es cierto y se
refiere a la economía de escala.
«Ambuibérica ha comprado este año 270 ambulancias.
Evidentemente, los precios que sacamos en estos vehículos, o en consumos
de gasóleo, no son los mismos que empresas pequeñas». En lo referido al
empleo asegura que «la subrogación» de trabajadores en caso de cambios
de gestión «está regulada, y se va a respetar la legalidad».
Admite que «son normales los recelos» en una plantilla
ante el cambio de empresa, pero, insiste en que, «se van a cumplir los
convenios».
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