Nadie
mueve un pajullo en el Gobierno de Canarias para explicar a todos los
contribuyentes cuánto nos va a costar la sucesión interminable de
varapalos judiciales a todos y cada uno de los lotes en que se dividió
el concurso de ambulancias que adjudicó el pacto entre Coalición Canaria
y el PP en 2009. Un concurso plagado de sospechas de chanchullo en el
que aparece el mismo equipo que estuvo implicado hasta el otro día en el
caso Lifeblood, el caso de la hemodiálisis; un concurso que supone nada
menos que 250 millones de euros que ha quedado anulado por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo por irregularidades, mayormente en la Mesa
de Contratación, donde se sentaban el director del Servicio Canario de
Salud, Guillermo Martinón; su secretaria general, Lourdes Quesada, y el
gerente de Gestión Sanitaria de Canarias, Luis Molina, actual
subdelegado del Gobierno en Las Palmas y hombre fuerte de la vertiente
policial del sorianismo rampante. Y cómo no, revoloteando por los
alrededores, el asesor jurídico externo de todos ellos, al abogado
Javier Artiles, principal encartado de Lifeblood. La anulación en
cascada del concurso va a suponer, como si lo estuviéramos viendo, la
pertinente reclamación de daños y perjuicios, de lucro cesante y flujo
emergente por parte de los que perdieron a manos de los que ganaron, y
por parte de los que ganaron que ahora habrían de entregar las
concesiones a los que inicialmente perdieron y ahora ganan. La sentencia
que hoy les acercamos, y de la que el Gobierno no ha dicho ni esta boca
es mía, puede suponer un quebranto para lo público de 19 millones de
euros, que es lo que el equipo que presidían al alimón José Miguel Ruano
(CC) y Mercedes Roldós (PP) entregaron a una empresa a la que la Mesa
de Contratación adjudicó sin un requisito fundamental, la consignación
de un aval bancario.
http://www.canariasahora.es/articulo/top-secret/ambulancias-el-escandalo-que-no-cesa/20130101210033392695.html
