Más de 1.500 pacientes se verán afectados cada día por los recortes
Copago farmacéutico, servicios comunes, precios a la baja, pago de prótesis ambulatoria y transporte sanitario no urgente. Éstas son algunas de las medidas urgentes puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular (PP), que ayer mismo se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El objetivo, ahorrar en torno a 7.000 millones de euros en la sanidad española. Entre los principales damnificados, además de los usuarios y los profesionales, están los trabajadores de las ambulancias, un sector que en comunidades como la canaria lleva años en situación precaria.
En esta ocasión, según asegura Carlos Ojeda, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC.OO), más de 1.500 pacientes de la provincia tinerfeña se verán afectados diariamente por una medida que, según él, “es un disparate más de los muchos que está cometiendo el Gobierno”.
Para Ojeda, acciones como las puestas en marcha por el Ejecutivo de Rajoy van encaminadas “a la privatización de los servicios públicos”. “No sabemos cómo y cuándo van a parar con los recortes, que suponen un retroceso de 40 años en la prestación de servicios y comprometen el Estado del Bienestar, tal y como lo conocíamos hasta ahora”, subraya el dirigente sindical, que insiste en que “medidas como el pago del transporte sanitario no urgente tendrán un enorme coste para la clase trabajadora”.
Desde CC.OO consideran que en Canarias, al hilo de la situación económica, se está “reordenando” todo el sector del transporte sanitario. “La subida concursal ha sido de un 4% menos de lo pactado, lo que nos ha llevado a negociar, en el ámbito de las empresas, tanto congelaciones salariales como pérdida de derechos de los trabajadores”, denota Carlos Ojeda, quien deja claro que “muchas empresas no podrán mantener sus actuales plantillas, porque además cualquier negociación siempre se realizará bajo la sombra de la nueva reforma laboral”.
“En el Archipiélago -arguye Ojeda- estamos muy lejos de la media estatal, en un sector precario, y sabíamos que los recortes iban a afectar especialmente a las empresas subcontratadas, a pesar de que se trata de un servicio público esencial”. “No hablamos de cajas, sino de personas, y de derechos conquistados hace muchos años”, dice con rotundidad el responsable sindical, quien asegura que las organizaciones plantearán nuevas movilizaciones, “porque si no hay una respuesta social contundente, el Gobierno va a seguir haciendo barbaridades de este tipo”. En una línea más comedida se muestra el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Schwartz, para quien el copago puede ser “positivo” si se implanta “de manera equitativa”. “Habrá que esperar a los próximos meses para valorar qué efecto real tienen estas medidas”, expone al DIARIO Schwartz, quien aclara que la reforma todavía tendrá que ser convalidada en el Congreso en los próximos meses.
El responsable del colegio de farmacéuticos, no obstante, sí tiene claro que no se puede hablar de beneficiados o perjudicados por estas medidas, porque “está en juego el sistema público español”. No en vano, Guillermo Schwartz recuerda que “es el cuarto Real Decreto en los últimos años que afecta directamente al sector farmacéutico”.
La aportación del ciudadano en los fármacos será proporcional a su renta y ésta se actualizará anualmente. Los usuarios con una renta por encima de 18.000 euros pagarán el 50% de los medicamentos, mientras que los que estén por debajo de esa cantidad seguirán abonando el 40%, y aquellos cuya renta sea superior a 100.000 euros pagarán el 60%.
Los pensionistas con renta inferior a 18.000 euros pagarán el 10%, con un tope de 8 euros mensuales; los que perciban más de esa renta abonarán un máximo de 18 euros al mes.
Copago farmacéutico, servicios comunes, precios a la baja, pago de prótesis ambulatoria y transporte sanitario no urgente. Éstas son algunas de las medidas urgentes puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular (PP), que ayer mismo se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El objetivo, ahorrar en torno a 7.000 millones de euros en la sanidad española. Entre los principales damnificados, además de los usuarios y los profesionales, están los trabajadores de las ambulancias, un sector que en comunidades como la canaria lleva años en situación precaria.
En esta ocasión, según asegura Carlos Ojeda, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC.OO), más de 1.500 pacientes de la provincia tinerfeña se verán afectados diariamente por una medida que, según él, “es un disparate más de los muchos que está cometiendo el Gobierno”.
Para Ojeda, acciones como las puestas en marcha por el Ejecutivo de Rajoy van encaminadas “a la privatización de los servicios públicos”. “No sabemos cómo y cuándo van a parar con los recortes, que suponen un retroceso de 40 años en la prestación de servicios y comprometen el Estado del Bienestar, tal y como lo conocíamos hasta ahora”, subraya el dirigente sindical, que insiste en que “medidas como el pago del transporte sanitario no urgente tendrán un enorme coste para la clase trabajadora”.
Desde CC.OO consideran que en Canarias, al hilo de la situación económica, se está “reordenando” todo el sector del transporte sanitario. “La subida concursal ha sido de un 4% menos de lo pactado, lo que nos ha llevado a negociar, en el ámbito de las empresas, tanto congelaciones salariales como pérdida de derechos de los trabajadores”, denota Carlos Ojeda, quien deja claro que “muchas empresas no podrán mantener sus actuales plantillas, porque además cualquier negociación siempre se realizará bajo la sombra de la nueva reforma laboral”.
“En el Archipiélago -arguye Ojeda- estamos muy lejos de la media estatal, en un sector precario, y sabíamos que los recortes iban a afectar especialmente a las empresas subcontratadas, a pesar de que se trata de un servicio público esencial”. “No hablamos de cajas, sino de personas, y de derechos conquistados hace muchos años”, dice con rotundidad el responsable sindical, quien asegura que las organizaciones plantearán nuevas movilizaciones, “porque si no hay una respuesta social contundente, el Gobierno va a seguir haciendo barbaridades de este tipo”. En una línea más comedida se muestra el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Schwartz, para quien el copago puede ser “positivo” si se implanta “de manera equitativa”. “Habrá que esperar a los próximos meses para valorar qué efecto real tienen estas medidas”, expone al DIARIO Schwartz, quien aclara que la reforma todavía tendrá que ser convalidada en el Congreso en los próximos meses.
El responsable del colegio de farmacéuticos, no obstante, sí tiene claro que no se puede hablar de beneficiados o perjudicados por estas medidas, porque “está en juego el sistema público español”. No en vano, Guillermo Schwartz recuerda que “es el cuarto Real Decreto en los últimos años que afecta directamente al sector farmacéutico”.
La aportación del ciudadano en los fármacos será proporcional a su renta y ésta se actualizará anualmente. Los usuarios con una renta por encima de 18.000 euros pagarán el 50% de los medicamentos, mientras que los que estén por debajo de esa cantidad seguirán abonando el 40%, y aquellos cuya renta sea superior a 100.000 euros pagarán el 60%.
Los pensionistas con renta inferior a 18.000 euros pagarán el 10%, con un tope de 8 euros mensuales; los que perciban más de esa renta abonarán un máximo de 18 euros al mes.
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