JOSÉ LUIS CÁMARA
Santa Cruz de Tenerife
El sector del transporte sanitario de Canarias está en pie de guerra. A los problemas judiciales que todavía derivan del controvertido concurso de adjudicación de 2008, hay que añadirle ahora los recortes derivados de la crisis económica, que ya se están dejando notar en centros de salud y hospitales de las Islas.
Según denuncia a este periódico Carlos Ojeda, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO, “la modificación de horarios en ambulancias del Norte, la congelación salarial de los últimos dos años y la suspensión de algunos servicios de Cruz Roja, está afectando a la cobertura que se presta a los ciudadanos, que son los principales damnificados de la mala coordinación y la falta de previsión”.
Por si esto fuera poco, según Ojeda, empresas como Siscan, que presta sus servicios en el ámbito de lo privado, llevan dos meses sin pagar a sus trabajadores; “y hay otras que están teniendo muchos problemas para estar al corriente de pago”.
“La situación cada vez es más precaria, sin que el Gobierno de Canarias le ponga remedio”, alerta el representante sindical, que considera que “los próximos meses serán mucho más complicados” si las empresas no reciben garantías por parte de la Consejería de Sanidad.
Ésta, por su parte, continúa a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie sobre los recursos extraordinarios de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 29 de julio de 2011, que anuló la adjudicación del servicio de ambulancias de urgencias del norte de Gran Canaria.
La Sala de lo Contencioso Administrativo dio por probado que el Ejecutivo regional contrató a una empresa sin clasificación debida, que acreditara su solvencia económica y técnica, Iscan Transportes Socio Sanitarios SL, mercantil ligada a los extraños trasvases de beneficios de la ONG Mundo Nuevo, entidad especializada en menores.
Los letrados de la Comunidad se oponen, por tanto, a la nulidad de un contrato que vence el 31 de diciembre de 2013 por importe de 19.274.332,44 euros, cuya ilegalidad se sustenta, según la sentencia ahora recurrida, en la vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público por parte de la Mesa de Contratación presidida por el exgerente de Gestión Sanitaria de Canarias (GSC), Luis Molina, también cuestionada ahora en el ámbito penal y no solo en la vía contencioso-administrativa.
Casos similares se produjeron supuestamente en las islas de Tenerife y La Palma, donde la denuncia presentada por una empresa de ambulancias provocó en noviembre la reapertura del caso por orden de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Según entienden otra serie de empresas perjudicadas en el concurso, una sentencia en firme conllevaría la anulación del resto de lotes adjudicados, un total de 13 servicios diferentes, por un importe global de 267,3 millones de euros. Todos se encuentran recurridos en diferentes juzgados de lo contencioso de la capital grancanaria.
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•La Policía investiga el incendio de una ambulancia en Tíncer
Santa Cruz de Tenerife
El sector del transporte sanitario de Canarias está en pie de guerra. A los problemas judiciales que todavía derivan del controvertido concurso de adjudicación de 2008, hay que añadirle ahora los recortes derivados de la crisis económica, que ya se están dejando notar en centros de salud y hospitales de las Islas.
Según denuncia a este periódico Carlos Ojeda, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO, “la modificación de horarios en ambulancias del Norte, la congelación salarial de los últimos dos años y la suspensión de algunos servicios de Cruz Roja, está afectando a la cobertura que se presta a los ciudadanos, que son los principales damnificados de la mala coordinación y la falta de previsión”.
Por si esto fuera poco, según Ojeda, empresas como Siscan, que presta sus servicios en el ámbito de lo privado, llevan dos meses sin pagar a sus trabajadores; “y hay otras que están teniendo muchos problemas para estar al corriente de pago”.
“La situación cada vez es más precaria, sin que el Gobierno de Canarias le ponga remedio”, alerta el representante sindical, que considera que “los próximos meses serán mucho más complicados” si las empresas no reciben garantías por parte de la Consejería de Sanidad.
Ésta, por su parte, continúa a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie sobre los recursos extraordinarios de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 29 de julio de 2011, que anuló la adjudicación del servicio de ambulancias de urgencias del norte de Gran Canaria.
La Sala de lo Contencioso Administrativo dio por probado que el Ejecutivo regional contrató a una empresa sin clasificación debida, que acreditara su solvencia económica y técnica, Iscan Transportes Socio Sanitarios SL, mercantil ligada a los extraños trasvases de beneficios de la ONG Mundo Nuevo, entidad especializada en menores.
Los letrados de la Comunidad se oponen, por tanto, a la nulidad de un contrato que vence el 31 de diciembre de 2013 por importe de 19.274.332,44 euros, cuya ilegalidad se sustenta, según la sentencia ahora recurrida, en la vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público por parte de la Mesa de Contratación presidida por el exgerente de Gestión Sanitaria de Canarias (GSC), Luis Molina, también cuestionada ahora en el ámbito penal y no solo en la vía contencioso-administrativa.
Casos similares se produjeron supuestamente en las islas de Tenerife y La Palma, donde la denuncia presentada por una empresa de ambulancias provocó en noviembre la reapertura del caso por orden de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Según entienden otra serie de empresas perjudicadas en el concurso, una sentencia en firme conllevaría la anulación del resto de lotes adjudicados, un total de 13 servicios diferentes, por un importe global de 267,3 millones de euros. Todos se encuentran recurridos en diferentes juzgados de lo contencioso de la capital grancanaria.
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