EFE, Las Palmas
El sindicato Sitca denunció ayer el "despido masivo de la plantilla de trabajadores" de Cruz Roja en los municipios grancanarios de Mogán y La Aldea, una decisión de la organización humanitaria que calificó como "ilegal" y relacionó con su intención de "romper el contrato de servicios" que mantiene actualmente con el Servicio Canario de Salud (SCS).
Así lo ha manifestado en un comunicado el secretario general de la organización sindical, Antonio Rodríguez, quien cree "inaceptable" que más de cuarenta trabajadores "se queden en la calle", lo que implicará que se deje de prestar asistencia a una población de 12.000 personas.
El sindicato, que representa a los trabajadores afectados, tiene la intención de emprender acciones judiciales "para impedir este atropello contra sus derechos fundamentales, máxime cuanto lo hace una entidad que se denomina como una organización no gubernamental, pese a que actúa como la peores de las empresas".
De igual forma, Sitca pedirá a la Fiscalía "que actúe de oficio ante la actitud y comportamiento de esta ONG" y ante la posibilidad, además, de que "el Servicio Canario de Salud deje de prestar sus servicios a más de 12.000 personas", informó Rodríguez en el comunicado.
Concentración
Ante esta situación, la organización sindical ha comenzado a tramitar los permisos pertinentes para poder organizar una concentración permanente ante la sede de Presidencia del Gobierno canario en Las Palmas de Gran Canaria, con la que pretende dar a conocer este conflicto laboral.
De igual forma, Antonio Rodríguez denunció, en declaraciones a la agencia Efe, el cierre de la residencia de mayores de La Aldea, previsto para el próximo 31 de diciembre, lo que implicará el despido de sus 25 trabajadores y afectará a sus cuarenta usuarios, de los que 29 permanecen ingresados por padecer dependencias de medio y alto grado.
Según el secretario general de Sitca, el cierre de esta residencia se llevará a cabo después de que el Cabildo de Gran Canaria haya anunciado la suspensión del convenio que permite costear su funcionamiento.
El sindicato Sitca denunció ayer el "despido masivo de la plantilla de trabajadores" de Cruz Roja en los municipios grancanarios de Mogán y La Aldea, una decisión de la organización humanitaria que calificó como "ilegal" y relacionó con su intención de "romper el contrato de servicios" que mantiene actualmente con el Servicio Canario de Salud (SCS).
Así lo ha manifestado en un comunicado el secretario general de la organización sindical, Antonio Rodríguez, quien cree "inaceptable" que más de cuarenta trabajadores "se queden en la calle", lo que implicará que se deje de prestar asistencia a una población de 12.000 personas.
El sindicato, que representa a los trabajadores afectados, tiene la intención de emprender acciones judiciales "para impedir este atropello contra sus derechos fundamentales, máxime cuanto lo hace una entidad que se denomina como una organización no gubernamental, pese a que actúa como la peores de las empresas".
De igual forma, Sitca pedirá a la Fiscalía "que actúe de oficio ante la actitud y comportamiento de esta ONG" y ante la posibilidad, además, de que "el Servicio Canario de Salud deje de prestar sus servicios a más de 12.000 personas", informó Rodríguez en el comunicado.
Concentración
Ante esta situación, la organización sindical ha comenzado a tramitar los permisos pertinentes para poder organizar una concentración permanente ante la sede de Presidencia del Gobierno canario en Las Palmas de Gran Canaria, con la que pretende dar a conocer este conflicto laboral.
De igual forma, Antonio Rodríguez denunció, en declaraciones a la agencia Efe, el cierre de la residencia de mayores de La Aldea, previsto para el próximo 31 de diciembre, lo que implicará el despido de sus 25 trabajadores y afectará a sus cuarenta usuarios, de los que 29 permanecen ingresados por padecer dependencias de medio y alto grado.
Según el secretario general de Sitca, el cierre de esta residencia se llevará a cabo después de que el Cabildo de Gran Canaria haya anunciado la suspensión del convenio que permite costear su funcionamiento.
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