El sector de las ambulancias canarias está que arde, y no se trata de un chiste fácil ante el atentado que publicábamos ayer en esta misma sección. Desde el concurso de 2008, que provocó varias denuncias y la apertura de dos procedimientos penales oportunamente archivados a petición de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, las empresas veteranas y las sobrevenidas están a la greña por los más que sospechosos movimientos detectados en la Administración autonómica. La sentencia de lo contencioso-administrativo que hemos publicado este lunes no es más que el principio de lo que pudiera convertirse en una sucesión bastante compleja de actuaciones judiciales, porque lo que dice esa resolución es que hay que anular el concurso, que las bases son un auténtico churro, y que por lo tanto, las adjudicaciones (empezando por la del Norte de Gran Canaria, que es la que es objeto de esa sentencia) hay que anularlas. Se podrán imaginar la que se le viene encima a la Consejería de Sanidad, y más concretamente a su empresa pública Gestión Sanitaria de Canarias, que viene siendo la madre de todas las adjudicaciones. Porque ahora hay que romper los contratos, indemnizar a quien lo reclame (si tiene derecho), devolver las ambulancias, despedir al personal... Y dejar el servicio sin nadie que lo preste a no ser que aparezca algún espabilado y convoque ya un concurso que, ¡atención! tenga en cuenta la exigencia de experiencia profesional y empresarial y la necesaria solvencia económica de los licitadores. ¿A que les suena a Lifeblood?
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