La Audiencia de Las Palmas ha ordenado reabrir el
caso ambulancias, al detectar indicios de delitos penales en la conducta de la Mesa de Contratación formada, entre otros, por el exgerente del Servicio de Salud Guillermo Martínón y
la exsecretaria general Lourdes Quesada, durante el mandato en Sanidad de Mercedes Roldós (PP).
En febrero de 2010, ni el Ministerio Público, por medio del fiscal Antonio López, ni el magistrado de Instrucción 2, Rafael Passaro, entendieron que la adjudicación a Ambulancias García Tacoronte de un lote del
polémico concurso de ambulancias del Gobierno de Canarias, en concreto el de la isla de La Palma, hubiese supuesto la infracción de delitos penales por parte de los miembros de la Mesa de Contratación, entre ellos también Luis Molina, exgerente de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), como denunció en 2009 la empresa Transportes Sanitarios de La Palma.
La mercantil perjudicada presentó una denuncia por fraude en la contratación y prevaricación contra los integrantes de la Mesa que adjudicó el servicio en 2009, y tras la apertura de diligencias previas, todos los componentes de la misma fueron imputados por el magistrado y prestaron declaración en sede judicial como tales el 27 de enero y el 4 y 12 de febrero de 2010, con el sobreseimiento de la causa y archivo de las actuaciones mediante un auto de 19 de febrero del mismo año.
Ahora, según publicó el sábado
Canarias7, la Sección Sexta considera que ante una denuncia tan compleja como la presentada por la mercantil perjudicada no cabe "proceder al sobreseimiento con escuetos argumentos jurídicos que no valoran las numerosas pruebas unidas al procedimiento", además de considerar "evidente" que de la denuncia "se infieren hechos que, de ser ciertos, serían constitutivos de infracción penal".
Y todo ello porque en su momento se procedió a adjudicar una concesión administrativa como es el servicio de ambulancias de la isla de La Palma "a una empresa que no reúne los requisitos administrativos de la concesión frente a otra a quien se le deniega la concesión en el concurso público por falta de los requisitos que también faltaban a la adjudicataria".
Aparte de que este caso concreto también sigue su curso por la vía contencioso-administrativa, como prácticamente el resto de lotes adjudicados por el Gobierno de Canarias, el presunto fraude en la contratación y la prevaricación que se habrá de investigar ahora a fondo se fundamentarían, según la denuncia de la perjudicada, en su expulsión del concurso por anomalías a la hora de presentar los avales correspondientes, que se permitieron subsanar a la mercantil adjudicataria.
Fuentes del sector han asegurado este lunes que en cuanto se reabra el caso en Instrucción 2 tienen intención de personarse como acusación particular contra los miembros de la Mesa que otorgaron un contrato de 18.481.772, 13 euros a una empresa que, además de la "flexibilidad" de la que gozó a la hora de presentar su aval, fue pésimamente puntuada su oferta en el concurso pero obtuvo el servicio al ser la única licitadora en la fase final del mismo, en vez de declararlo desierto como ocurrió con la zona Sur de Tenerife.
Entre enero y febrero de 2010 acudieron a declarar en calidad de imputados, aparte de Guillermo Martinón, Lourdes Quesada y Luis Molina, la letrada de Gestión Sanitaria María José Gonzalvez Casanova y secretaria de la Mesa, de cuyas contradicciones entre sus escritos y actuaciones en la Mesa y sus respuestas en sede judicial a la hora de definir el aval de García Tocoronte SL se hace especialmente eco el recurso de Transportes Sanitarios de La Palma SL ahora admitido por la Audiencia Provincial.
Además, fueron imputados y llamados a declarar los vocales de la Mesa José Trasobares de Dios, Sergio Santana Acosta, Carmelo Duarte Merelo y Francisco Rodríguez Millán, dentro del grupo de denunciados por la mercantil perjudicada, que solicitó, sin éxito la declaración en sede judicial de la consejera de entonces, Mercedes Roldós (PP).
