Los recortes dejan fuera de servicio al menos 34 ambulancias hasta 2012

a sanidad pública catalana también retrasará su tiempo de respuesta este verano: a la reducción de horarios en un centenar de centros sanitarios, 40 de ellos clausurados durante el mes de agosto, se añade la reducción del servicio de ambulancias. Un portavoz del Servicio de Energencias Médicas (SEM) admitió ayer que el objetivo del Departamento de Salud es reducir un 6% anual los servicios prestados por este organismo, lo que equivale a dejar aparcadas y sin personal 34 de las 320 ambulancias del SEM que tienen turnos de 12 horas.
Los sindicatos CC OO, UGT y USOC sostienen que los recortes aún serán más duros en lo que queda de año, ya que al tener que lograr un ahorro del 6% anual en apenas seis meses, la reducción de aquí a final de año superará el equivalente a medio centenar de vehículos. Salud revisará tras el verano el ahorro logrado con este recorte antes de decidir si emprende nuevos ajustes para alcanzar el objetivo del 6% anual o suaviza el tijeretazo. Los trabajadores del sector, por su parte, empezaron ayer una huelga indefinida contra los recortes.

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La medida deja, por ejemplo, extensas comarcas, como la del Ripollès, con dos vehículos sanitarios, uno de los cuales, además, está ocupado trasladando pacientes entre la zona y el hospital Josep Trueta de Girona, a casi tres horas de distancia. Decenas de municipios de esta y otras zonas claman estos días contra los recortes. "No entendemos que reduzcan este servicio: de la capacidad de respuesta de estas ambulancias dependen vidas. Una urgencia suele ser cuestión de poco tiempo", lamentó Gervasi Aspa (ERC), alcalde de Deltebre (Baix Ebre, 12.000 habitantes). La localidad aprobó en pleno municipal una moción por la que rechaza los recortes de la Generalitat.
Salud señala que mantiene un centenar de unidades de apoyo vital avanzado e intermedio, y que los criterios para el recorte tienen en cuenta el horario de los centros sanitarios, por lo que se seguirá atendiendo todas las urgencias, aunque sea más tarde. El tiempo medio pasará de 10 a 20 minutos, calculan fuentes de Salud.
Los sindicatos, por su parte, alertan de que en zonas aisladas la espera por una urgencia puede alargarse hasta 50 minutos porque los vehículos deberán cubrir emergencias fuera su zona de cobertura habitual. "Y si a la ambulancia que cubre varias localidades se le solapan dos o más servicios, la demora puede alargarse horas", avisa un portavoz de UGT.Las localidades de mediano y pequeño tamaño que se hallan más alejadas de Barcelona son las más afectadas por el tijeretazo de vehículos sanitarios de emergencia. Las comarcas de Girona y las de la Cataluña central pierden cerca de un centenar de horas diarias de servicio cada una, el equivalente a dejar en el garaje unas 10 ambulancias, según los sindicatos. La zona de Tarragona pierde unas 78 horas de servicio diario, además de las cerca de 60 horas que se recortan en las comarcas del Ebro, señalan fuentes de Salud. El comité de ambulancias de Reus, por su parte, denuncia que se han reducido de 25 a 20 las ambulancias operativas en la zona de Tarragona. El área barcelonesa pierde unas 75 horas diarias, por 63 horas de Lleida, informa Lluís Visa. El Alto Pirineo pierde 30 horas de servicio diario y el Baix Llobregat cede 72 horas.
La Cataluña interior y las comarcas gerundenses se han echado a la calle para recuperar los servicios de ambulancias recortados por la Generalitat, incluidas localidades con alcaldes de CiU, el mismo partido que orquesta los recortes. Más de 1.500 personas se han adherido a las protestas en Igualada (Anoia, 40.000 habitantes), ciudad que ha perdido una de las dos ambulancias de 24 horas. Este vehículo pasará ahora a cubrir únicamente el turno de medianoche, hasta las ocho de la mañana. "Aunque esa ambulancia realice solo una salida al día, si sirve para salvar una vida, no tiene precio", reza el manifiesto promovido por los sindicatos de la localidad, que ya han recogido unas 16.000 firmas.
En el Ripollès, solo dos ambulancias deben cubrir una zona montañosa de unos 1.000 kilómetros cuadrados de extensión. "Es un área desprotegida. Si una ambulancia debe trasladar algún paciente al hospital más cercano, en Girona capital, ya tiene unas tres horas de trayecto", señala Lourdes Alsina, de CC OO.
La localidad ilustra los embrollos que genera el nuevo esquema de atención sanitaria: los habitantes del municipio quedan ahora a merced de las dos ambulancias que atenderán a toda la comarca. Una de ellas está destinada a los traslados entre hospitales, por lo que, en la práctica, una sola ambulancia deberá cubrir la mayoría de las urgencias de día.
"Ya estábamos bajo mínimos", se queja Jordi Munell (CiU), alcalde de Ripoll (Ripollès), de 11.000 habitantes, que se ha quedado sin una sola ambulancia. Pese a formar parte de las filas de CiU, Munell no ahorra críticas a la decisión del Departamento de Salud. "El ahorro debe aplicarse de forma racional, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio", afirma. "Es un territorio muy extenso y con pueblos pequeños y demasiado dispersos. Estamos preocupados", subraya el alcalde.
Empuriabrava (Alt Empordà) y Arbúcies (Selva) también se han quedado sin ambulancia. Esta última localidad lleva una semana de protestas y ayer volvió a manifestarse para garantizar la atención sanitaria de calidad. "No descartamos acudir a los tribunales para recuperar la sanidad pública", avisó el alcalde, Pere Garriga.
En otras localidades, como Besalú (Garrotxa), de 2.500 habitantes, la eliminación del servicio implica retrasos significativos en el tiempo de respuesta a los enfermos. En este pueblo turístico, que en verano suele duplicar su población, la ambulancia que funcionaba todo el día ahora solo lo hará por la noche. "El servicio diurno lo cubrirán vehículos que tardarán más de 20 minutos en llegar", lamenta CC OO.

La Xunta verá "el margen" que deja la orden para el pago de ambulancias

El jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la Xunta está a la espera de ver qué determina la orden que desarrolle las tasas y supuestos de pago por transporte sanitario y ha apuntado que, cuando exista dicha normativa, se evaluará y se decidirá su aplicación "en función del margen que deje" la legislación "básica".
Así se ha pronunciado tras presidir la reunión semanal de su Ejecutivo, en una rueda de prensa en la que ha garantizado que, a la hora de aplicar dicha norma, la Xunta será "sensible y consecuente" con las características propias de la geografía gallega, como la dispersión, y por el tipo de dolencia para las que se requiera transporte sanitario.
En cualquier caso, ha precisado que, por el momento, no se ha producido "ningún cambio" en las ambulancias y que "ni en los próximos días, ni semanas, ni meses se va a cobrar nada" hasta que haya una propuesta por parte del Ministerio y ésta sea evaluada en el Consejo Interterritorial de Salud. Dicho esto, ha remarcado que lo que se ha hecho en el ámbito estatal es "pactar una cartera de servicios públicos para todo el país", antes de insistir en que no se puede adoptar ninguna decisión hasta que haya una propuesta concreta para el pago de transporte sanitario.
"De momento no sabemos ni los precios, ni las tasas ni los supuestos en los que habría que cobrar. Cuando haya una propuesta, la evaluaremos y, en función del margen que nos deje la legislación básica, actuaremos y seremos consecuentes con la geografía gallega y las patologías", ha insistido.Por otra parte, preguntado por las críticas vertidas por la oposición y por distintos colectivos como la plataforma SOS Sanidade Pública, así como la petición de ésta de que no aplique los recortes, ha replicado que él representa "al Estado en Galicia" conforme determinan "el Estatuto y la Constitución".
Por ello, ha indicado que pedir a un responsable político "que sea irresponsable" no le parece "adecuado". "Eso hay que ponerlo por encima de otras consideraciones", ha esgrimido, al tiempo que ha destacado que España es "una de las naciones europeas en situación más delicada" y que, aún así, "puede ser una de las pocas que no cobre nada por asistencia sanitaria". "Si eso no lo ponemos en valor, no sabemos donde estamos", ha avisado, antes de recordar que "la mayoría de los países" de la zona euro cobran "una tasa o un precio" por los servicios sanitarios. Así, ha apelado a la necesidad de tener en cuenta este factor y ha justificado los ajustes del Gobierno central para poder "mantener la sanidad pública y seguir yendo gratis al médico".
"En este momento estamos teniendo un Gobierno y es muy importante tenerlo en época de crisis", ha defendido el presidente gallego, quien ha recordado que el anterior Gobierno "congeló las pensiones y subió los impuestos" a los pensionistas. "La no actualización de sus prestaciones es similar a lo que ahora se pide a los pensionistas", ha zanjado.

Los sindicatos temen que caiga la calidad de las ambulancias si se cambia la gestión

Ambuibérica, aspirante a ocupar el lugar de DYA y Cruz Roja, lo niega y asegura que el trabajo lo harán los mismos profesionales pero con mejores medios 

 

 

El posible cambio de gestión en el servicio de ambulancias que ahora prestan en Euskadi Cruz Roja y DYA, y que podría pasar a manos de la empresa vallisoletana Ambuibérica S.L., ha encendido las alarmas en los sindicatos vascos. ELA, CC OO y UGT mostraron ayer sus temores a que, si se cumplen los pronósticos y la firma castellana se hace con la concesión, no sólo peligrarán las condiciones laborales de las 300 personas que ahora trabajan ahí sino que, a su juicio, también se resentiría la calidad del servicio.

«Con una oferta a la baja tan bestial -en el concurso público convocado por el Gobierno Vasco-, es imposible que respeten las condiciones sociolaborales y que cumplan con el convenio», asegura el secretario general de la Federación de Servicios de ELA, Iñaki Oliden. «No dan los números», remarca, lo que está provocando una «honda preocupación» en la central.

De la misma opinión es Begoña Latorre, responsable del sector del Transporte de CC OO en Euskadi. «La oferta que han presentado es más baja de lo que cuesta hacer el servicio, así que o bien reducen la plantilla o recortan salarios», vaticina. Desde UGT mantienen la misma tesis y José Luis García, responsable de la Federación del Transporte, alerta al Gobierno Vasco de que es él quien «debe garantizar que se mantiene el empleo y las condiciones laborales».

La inquietud se extiende más allá: «Unas jornadas de trabajo largas y una plantilla desmotivada irá en detrimento de la calidad del servicio».

«Se va a cumplir la ley»

El pasado mes de junio el Gobierno Vasco licitó por 12,2 millones de euros la mitad de la red de transporte sanitario urgente (RTSU) de Euskadi, la parte que ahora prestan DYA y Cruz Roja, para un periodo de quince meses. El paquete se divide en 29 lotes, que suponen otras tantas ambulancias. La pasada semana se abrieron las plicas y el mes que viene está previsto que el Ejecutivo resuelva la adjudicación.

Pero todo apunta a que Ambuibérica se hará con el servicio por su oferta económica. Según fuentes conocedoras del proceso, la firma castellana habría pedido 27.900 euros por ambulancia al mes cuando, según las mismas fuentes, sólo el coste salarial asciende a 24.700 (hay que tener en cuenta que cada unidad tiene asignados a diez profesionales). DYA, por ejemplo, cifra el precio en 28.600 euros.

El director general de Ambuibérica, Carlos Magdaleno, considera que todos los recelos que está despertando su posible desembarco en Euskadi están infundados ya que, asegura, el servicio lo seguirán prestando los mismos profesionales -la ley obliga a que la nueva gestora mantenga a los trabajadores- pero con mejores vehículos y medios.

Magdaleno es crítico con el hecho de que hayan tenido que competir con dos ONG porque «legalmente las entidades sin ánimo de lucro deben estar allá donde no llega la iniciativa privada. Cruz Roja y DYA tienen un papel muy importante en la sociedad, pero en ningún caso deben competir con empresas» porque tanto desde el punto de vista fiscal como de aportaciones públicas, dice, se encuentran en un plano privilegiado.

En cuanto a la posible merma en la calidad del servicio, Magdaleno dice que «nuestra compañía es la más grande de España en el sector, nadie tiene tanta experiencia en transporte sanitario y no hemos tenido queja de ninguna Administración. Esto es lo que sabemos hacer». Con 2.700 trabajadores, la firma está presente en Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana y Cantabria.

Compra de 270 ambulancias

En cualquier caso, ¿cómo es posible que oferte un servicio por debajo de su coste, tal y como aseguran los sindicatos? El director general de la firma castellana dice que no es cierto y se refiere a la economía de escala.

«Ambuibérica ha comprado este año 270 ambulancias. Evidentemente, los precios que sacamos en estos vehículos, o en consumos de gasóleo, no son los mismos que empresas pequeñas». En lo referido al empleo asegura que «la subrogación» de trabajadores en caso de cambios de gestión «está regulada, y se va a respetar la legalidad».

Admite que «son normales los recelos» en una plantilla ante el cambio de empresa, pero, insiste en que, «se van a cumplir los convenios».

Se entiede con esta propuesta que los culpables de que se traslade en ambulancia o sera los medicos.Se entiende entonces que si un paciente paga pues tendra derecho a ir solo en la ambulancia y sin retraso alguno
Por supuesto como paga ida y vuelta tendra derecho a ir en una ambulancia individual  si asi lo decide el medico que para eso paga.
Además se aplica el mismo sistema que los medicamentos por lo tanto si una persona copaga un medicamento ,pga el medicamente para el solo sin tener que repartir con nadie  por lo tanto si es así el trasnporte no se comparte.

Sanidad propone entre 6 y 60 euros al mes de tope de gasto para los traslados no urgentes. El transporte para diálisis, «quimio» o rehabilitación será gratuito si lo receta el médico 

 

La gratuidad del traslado estará en manos del médico y decidirá en función de la gravedad del enfermo

 

 

Enfermos en diálisis, quimioterapia o rehabilitación podrán seguir utilizando ambulancias sin ningún coste, pero solo si su médico justifica el traslado por su estado de salud. El Ministerio de Sanidad mantiene su idea de imponer un copago para el traslado de enfermos no urgentes, aunque eximirá del pago a los pacientes cuyo estado de salud desaconseje viajar en transporte convencional. La decisión final será de su médico y deberá formalizarlo mediante una prescripción.

Para el resto, se ha ideado un copago casi simbólico en el que no se cobrará por kilometraje. Se establece un precio por viaje (ida y vuelta) sin tener en cuenta el recorrido. Se cobrará un porcentaje de esa cantidad que se establecerá en función de la renta del usuario, como ya se hace en los medicamentos. Estas son algunas de las propuestas que el Ministerio de Sanidad ha hecho a las comunidades autónomas en la reunión técnica que se celebró ayer para definir el nuevo copago del transporte sanitario.

Hace un mes el portavoz de Sanidad del Partido Popular, José Ignacio Echániz, adelantó que los enfermos en hemodiálisis estarían exentos del copago. Finalmente, el criterio no será la patología, sino el estado individual de cada enfermo. Por ejemplo, un paciente en su primer día de hemodiálisis, si se encuentra bien, podría regresar a su casa en transporte convencional y, si prefiere una ambulancia, copagarla. O, al contrario, ofrecer transporte gratuito (ambulancia o taxi) para que un paciente pueda rehabilitarse una cadera fracturada.

La decisión será siempre médica, no del enfermo como sucede ahora. Los pacientes tampoco podrán reclamar una ambulancia para volver a su casa tras el alta hospitalaria sin contar con el aval de su facultativo.

Como en los medicamentos

Para los pacientes que estén sujetos a copago se prevé una aportación proporcional, en función de su renta, como ya ocurre con los medicamentos. Y se establecerán límites máximos de gasto mensual para no gravar en exceso a los enfermos, muchos de ellos crónicos y con necesidad permanente de traslado. En la propuesta del Ministerio de Sanidad, se han establecido topes de aportación que oscilan entre los 6 y los 60 euros de gasto al mes. Los pacientes con rentas más bajas pagarán como máximo 6 euros al mes, los de una renta media, 18 y las más altas (más de 100.000 euros de renta anual) podrían llegar a abonar hasta 60 euros mensuales por copago de ambulancia.

El baremo es similar al utilizado en los medicamentos. Aunque el cálculo es más complicado. Con las medicinas, se cobra una parte proporcional de su precio, pero en el caso de las ambulancias sería muy costoso hacerlo por kilómetros recorridos.

Veinte euros ida y vuelta, precio base

Ahora Sanidad debe establecer ese cálculo. La idea del Ministerio es establecer un precio medio de ida y vuelta por paciente, con independencia de la distancia que deba recorrer la ambulancia, ya sean dos kilómetros o diez. De esa manera no se perjudica a la población rural que debe trasladarse hasta su hospital de referencia. La cifra por recorrido y paciente estaría entre los 20 y los 30 euros.

Si sale adelante la propuesta, todos los detalles se formalizarán en una nueva orden ministerial que, por primera vez , obligará a cobrar por los traslados no urgentes en ambulancia.

Con la reforma aprobada por el Ministerio el pasado mes de abril, el transporte sanitario no urgente pasó a formar parte de la Cartera de Servicios Suplementaria del Sistema Nacional de Salud , junto a la prestación farmacéutica, ortoprotésica y dietoterápica.

Al igual que estas prestaciones, se estableció que el usuario tendría un nivel de aportación o copago que, en el caso del transporte sanitario, sería «acorde al determinado para la prestación farmacéutica», si bien todavía no se había decidido cómo sería esa aportación y si habría enfermos que quedarían exentos de pago.

La fiscalía limpió y dio esplendor

No es de recibo que hayamos tenido que esperar años para confirmar las escandalosas sospechas de que en el concurso de ambulancias de Canarias algunas empresas partieron con ventaja. Por conocer, algunas conocían con antelación a la decisión de la mesa de contratación incluso los colores y los logotipos con los que habrían que rotular los vehículos. Otras conseguían ganar sin garantizar la debida solvencia económica, muy al estilo de lo ocurrido en el caso Lifeblood; cuando no se adjudicaba un servicio de ambulancias a una ONG que como más solvente aval presentaba ser la tenedora de un taller de mecánica a través del cual se movieron millonarias subvenciones.  Había que financiar al partido, en unos casos más que evidentes, o a determinadas personas que seguramente acabarían financiando al partido o a sus dirigentes, en otros expedientes aún bajo sospecha. Que la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo haya confirmado las clamorosas irregularidades de los diversos concursos de ambulancias, repartidos de manera zonal, no tiene por qué equivaler a que los responsables de esos desaguisados respondan política o penalmente por ello. Políticamente, porque en este país nadie da la cara cuando se le descubre esta insultante sarta de indecencias. Y penalmente porque, aun habiéndose abierto una causa penal por querella de una de las empresas afectadas, ya se encargó la fiscalía provincial de Las Palmas de desplegar todo su poder para que se archivara de inmediato. No en vano, una de las querelladas era la esposa del fiscal jefe, Guillermo García-Panasco, imputada también en el caso Lifeblood junto al abogado Javier Artiles, quien por cierto la defendía en el pleito de las ambulancias. La Audiencia Provincial ha ordenado reabrir. Veremos hasta dónde llegan.

Muchas preguntas, una misma conclusiónhttp://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/17639/

12/09/2012

LOS CONCURSOS DE LA ERA RUANO-ROLDÓS ERAN DE TRACA

Muchas preguntas, una misma conclusiónhttp://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/17639/A la vista de la demoledora sentencia emitida esta semana por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sentencia que se acumula a otras en idéntico sentido y a la que se sumarán otras más por uniformidad de criterios, cabe preguntarse muchas cosas y llegar finalmente a la misma conclusión. Las preguntas son de manual: ¿hubo algún concurso en la era Ruano-Roldós que pueda merecer a los ojos de cualquier experto en Derecho Contencioso-Administrativo la consideración de limpio? ¿Se tomaron las debidas medidas de garantía en todos los procedimientos para evitar, por ejemplo, favorecer premeditadamente a un concursante frente a otro (tráfico de influencias); adjudicar indebidamente a sabiendas (prevaricación);  impedir el acceso de particulares a documentos, órganos y/o decisiones expresamente limitados a funcionarios públicos? Porque Gestión Sanitaria de Canarias, por lo que dicen las sentencias y conocemos los periodistas que hemos indagado algunas de sus arbitrariedades, parecía un auténtico coladero por el que se adjudicaban, sin las estrictas medidas de control de la Administración, concursos multimillonarios a empresas amigas, financiadoras de uno u otro partido, o potenciaba el papel de ilustres letrados -asesores externos- a los que, desde otros ámbitos, se les adjudicaban otros concursos muy golosos. Verbigracia, Lifeblood.

Sanidad recurre la nulidad del concurso de ambulancias

http://www.canariasahora.es/noticia/206282/

El TSJC anula al completo el concurso de ambulancias de 2008

http://www.canariasahora.es/noticia/233141/

Escándalo en el concurso de ambulancias

http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/17638/

AENA suprimirá la presencia diaria de ambulancia en el aeropuerto

http://www.lanzaroteahora.es/imprimir/noticia/983/

Según publica en su página web, AENA saca a concurso el Servicio Sanitario en el aeropuerto de Lanzarote, con menos servicios que ahora.

El aeropuerto de Guacimeta cuenta, o debería contar en la actualidad,  con una ambulancia y un equipo sanitario compuesto por un médico o enfermero y un técnico-conductor todas las horas en las que está operativo el aeródromo. Pues bien, a partir del concurso, el servicio sanitario de emergencias permanecerá abierto y realizando su actividad de atender a pasajeros, visitantes, trabajadores de Aena, etc... sólo 50 horas a la semana y ni siquiera todos los días. Las horas de presencia física del médico o enfermero en el botiquín del aeropuerto dependerá ahora del numero de vuelos que en ese día entren o salgan del Aeropuerto.
Con estos recortes AENA se ahorrará dinero en uno de los aeropuertos proporcionalmente más rentables del Estado. El actual concurso sale a licitación por 81.000 euros cuando habitualmente solía estar en los 244.000 euros, según fuentes cercanas a Aeropuertos Españoles.Al parecer AENA tiene intención que sean los servicios del 112 quienes acudan en caso de necesidad.
Este nuevo recorte de servicios se produce días después de conocer la intención de AENA, muy contestada entre la sociedad insular, de eliminar la primera media hora gratuira de los aparcamientos.

Juez y parte en Sanidad bajo control del PP

Juez y parte en Sanidad bajo control del PP   LAS CHAPUZAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS

Esto es baja temerarias y despues no puede cumplir.

AnunciosA. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

34430
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitariapor la que se anuncia la formalización del contrato de gestión deservicio público, en la modalidad de concierto, consistente en laprestación del transporte sanitario terrestre en el Área Sanitaria deMelilla.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Atenciónsanitaria.
c) Número de expediente: PA 12/026.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción: Transporte Sanitario Terrestre para el Área Sanitaria de Melilla.
c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 6013000-8.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de junio de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 9.232.000 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.616.000 euros. Importe total:4.616.000 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 14 de septiembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de septiembre de 2012.
c) Contratista: Ambulancias M. Pasquau, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 4.184.000 euros. Importetotal: 4.184.000 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser su oferta la más ventajosa para laAdministración y cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de CláusulasAdministrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
Madrid., 4 de octubre de 2012.- El Director del Instituto Nacional de GestiónSanitaria, José Julián Díaz Melguizo.
ID: A120068864-1

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/11/pdfs/BOE-B-2012-34430.pdf

Público.es portada opinion publico tv fotogaleria archivo servicios Otras miradas El pago por transporte sanitario, injusto e irracional

Manuel Martín García
Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
El Gobierno de Mariano Rajoy, fiel seguidor de los postulados políticos  neoliberales, pretende aplicar a la sanidad pública española la estrategia diseñada por el Banco Mundial, en los años 80 del pasado siglo, de desmantelar el Estado del Bienestar en los países desarrollados. Hace unos 20 años, este poderoso organismo internacional, dominado por las multinacionales de la salud y por países como Estados Unidos o Reino Unido, estableció, para hacer frente al crecimiento del gasto sanitario, que los usuarios de los sistemas de salud pagaran los servicios asistenciales en el momento del uso. Así pretendía reducir el consumo sanitario, potenciar los seguros privados  y reducir el gasto público.
Hasta ahora ningún gobierno se había atrevido a aplicar esta propuesta en España, por los costes políticos que podría tener, pero la crisis económica y la presión de la Unión Europea de obligar a los países a reducir gasto público para controlar el déficit,  están siendo utilizados como coartada por el Gobierno del Partido Popular para ponerla en marcha. Como consecuencia, el Real Decreto Ley 16/2012 establece – entre otras medidas, como el copago o la potenciación del aseguramiento- que el trasporte no urgente en ambulancias sea pagado por los usuarios del mismo. Este servicio permite que las personas con limitaciones físicas o enfermedades graves puedan acudir a los centros sanitarios para recibir quimioterapia para el cáncer, diálisis para la insuficiencia renal,  rehabilitación o consultas de especialistas.
Entre las razones que el Ministerio de Sanidad aduce como excusas para ponerla en práctica están la necesidad de combatir el fraude, el consumo irracional de recursos costosos o la insostenibilidad de la gratuidad del sistema (en el momento del uso). Sin embargo, estos argumentos no se corresponden con la realidad y  su aplicación puede tener una gran repercusión sobre la salud de un colectivo de personas muy necesitadas de atención sanitaria. Esta medida puede, paradójicamente, contribuir a  incrementar el gasto sanitario, la desigualdad social y la irracionalidad en el uso de los recursos.
En primer lugar, habría que recordar que la sanidad pública española es una de las menos costosas de los países desarrollados y que, en este país, la presión fiscal (que sirve para financiarla) está diez puntos por debajo de la media de la Unión Europea. En segundo lugar, las decisiones sobre los traslados son adoptadas por los médicos del sistema, por lo que, si existe abuso de las mismas, habría que actuar sobre ellos en lugar de sobre los pacientes que se limitan a aceptar las decisiones profesionales. Los usuarios del transporte no urgente en ambulancias son personas con graves discapacidades y con problemas físicos que les imposibilitan utilizar los transportes convencionales, tanto particulares como colectivos. Estos son, en su gran mayoría, pensionistas por edad o por enfermedad, y es de sobra conocido que las pensiones es este país son muy bajas (en torno a los 800 euros al mes de media), por lo que el pago de estos servicios puede suponer una carga económica insoportable para quienes los necesitan. Ello obligaría a muchos de ellos a renunciar a este transporte y a unos tratamientos necesarios para su supervivencia, para combatir el dolor, para mejorar su estado funcional o para evitar el agravamiento de sus problemas.
También hay que tener en cuenta a las personas que viven en el medio rural, que están más alejadas de los centros sanitarios, especialmente, en comunidades autónomas como Galicia, las dos Castillas o Extremadura, que tienen una gran parte de su población en estas zonas, muy dispersa y envejecida. Una parte importante de la ciudadanía tendría que hacer frente, por tanto, a grandes gastos en traslados a los centros especializados y estarían soportando una discriminación inaceptable. Además, existen numerosos estudios que muestran que los habitantes del medio rural, que no han tomado parte en las decisiones del Ministerio, tienen menos ingresos económicos y que más de la mitad de los hogares carecen de automóvil.  Por todo ello, esta medida es, además de injusta, irracional, y limitará el acceso de personas con mala salud y escasos recursos a tratamientos que necesitan.
Resulta inaceptable introducir barreras que limiten el acceso a los servicios a unos colectivos de personas con grandes necesidades asistenciales y que deberían, por ello, tener prioridad en la atención y los cuidados. Mientras se destinan miles de millones de euros a financiar  los errores y malas prácticas de los bancos, se derrocha el dinero en medicamentos innecesarios y costosos, o se abusan de los recursos tecnológicos (España presenta el mayor gasto en medicamentos y ocupa uno de los primeros lugares del mundo en consumo tecnológico, como consecuencia de la presión e influencia de la industria farmacéutica y de la electro-medicina sobre las administraciones sanitarias y los prescriptores), se pretende hacer pagar a quienes tienen menos recursos económicos y más necesidades de atención sanitaria.

Tal ves este es modelo de plicas que tendría que salir en los en los futuros concursos de transporte sanitario que ahora mismo esta en el aire ya que según parece esta anulado por el tribunal superior de justicia de canarias.


Habrá que esperar por lo tanto haber que hace el gobierno de canarias ,pero seguro que intentaran alargar todo lo posible su finalización hasta finales del año que viene. En el aire por lo tanto esta las prorrogas de un año como máximo que ahora ya están en el aire.

En el caso de las plicas de castilla la mancha se adjudican por provincia sin diferenciar transporte urgente con no urgente todo en un mismo lote. En canarias una buena opción seria adjudicarlo por provincia .

Otra opción dividir el concurso por islas y no por zonas como en estos momentos .

"Ambulancias Finisterre" se hace con el transporte sanitario de Toledo por 28,4 millones

http://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z2543146A-A972-9594-D2B3A7FD686EE762/20121007/ambulancias/finisterre/hace/transporte/sanitario/toledo/284/millones

El 112 es inaccesible a los sordos

http://eldia.es/2012-10-09/canarias/0-es-inaccesible-sordos.htm

Y eso que somos unos de los mejores servicio de emergencias de toda España.¿verdadero o falso?

El Real Decreto del transporte sanitario, en manos del ministerio Leer más: http://www.emeragencia.es/news/el-real-decreto-del-transporte-sanitario-en-manos-del-ministerio/

28.09.2012 12:50
El ministerio de Sanidad va a corregir lo "más rápidamente posible" el Real Decreto que establece las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de los vehículos de transporte sanitario por carretera y tendrá en cuenta las alegacionespresentadas por las comunidades autónomas. 

Así lo ha manifestado la  consejera de Salud, Marta Vera, quien ha sostenido que la propuesta concreta está en estudio, a lo que ha añadido que según el acuerdo al que han llegado las comunidades autónomas con el ministerio, se valorará la constitución de un grupo técnico de trabajo para consensuar criterios. 

En una  comparecencia parlamentaria solicitada por el PSN para que explicara en qué medida va a afectar al transporte sanitario la aplicación del citado Real Decreto 836/2012, la consejera ha reconocido que el Real Decreto ha producido preocupación entre los distintos colectivos relacionados con este transporte. 

Esa preocupación está relacionada con la forma en que se establecen los requisitos de formación que deberán tener las personas que a partir de la entrada en vigor del mismo empiecen a trabajar como conductores o ayudantes, y por el sistema de habilitación profesional de los que trabajan en esos puestos 

Por eso, según ha explicado Vera, su departamento ha hecho llegar a la comisión técnica delegada de la comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud una serie de propuestas. 

En este sentido han propuesto que se establezca un periodo transitorio antes de exigir el  titulo de técnico de emergencia sanitarias o el certificado de profesionalidad, dado que en la actualidad en Navarra no existen demandantes de empleo con esas acreditaciones. 

Además han planteado que se establezca un procedimiento de habilitación profesional para los trabajadores que tengan experiencia dilatada pero no suficiente en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto. 

El objetivo de su propuesta, según la consejera, es que  cualquier persona que esté trabajando tenga oportunidad de participar en el proceso de habilitación, de lo contrario quedarían fuera trabajadores que actualmente prestan servicio y no tendrían posibilidad de obtener la habilitación. 

También han pedido al ministerio que cuando dice que el personal tiene que pertenecer a la empresa, se especifique que se refiere solo a los conductores de ambulancias y no a sanitarios porque en Navarra es personal del SNS-O y no de la empresa de transporte. 

Por eso, según ha indicado, han pedido que queden expresamente excluidos los médicos y enfermeras, ya que pueden pertenecer al sistema público o ser contratados por ayuntamientos u otras entidades. 

Igualmente han solicitado que se aclare el papel del voluntariado, ya que los conductores de ambulancias de Cruz Roja y DYA son voluntarios. 

Vera ha indicado además que las comunidades han expuesto dudas relacionadas con la interpretación del ámbito de habilitaciones, la experiencia exigida y el tipo de jornada que computa a efectos de habilitación. 

Además han pedido al ministerio una  medida transitoria para poder contratar profesionales de transporte sanitario y que se agilicen al máximo todos los procesos en materia formativa. 

El  portavoz del PSN, Samuel Caro, ha apuntado que las dudas que los afectados les habían trasladado han quedado resueltas y ha pedido a la consejera que les informe de sus contactos con el ministerio y la evolución de las alegaciones. 

Por su parte, el  portavoz de UPN, Antonio Pérez Prados, ha considerado adecuada la decisión adoptada "para rebajar la preocupación creada por el Real Decreto". 

Asun Fernández de Garaialde, NaBai , ha recalcado que son varios los debates pendientes en relación con el transporte sanitario y ha aludido a las posibles mejoras del transporte sanitario. 

La  portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, quien también ha subrayado que hay más cuestiones pendientes en relación con el transporte, se ha alegrado de que las dudas existentes se hayan hecho llegar al ministerio y ha dicho que espera que sean recogidas cuanto antes. 

El  portavoz del PPN, Enrique Martín, ha dicho que espera que con las alegaciones planteadas y que confía en que sean recibidas afirmativamente, el personal que trabaja en transporte sanitario esté tranquilo. 

Marisa De Simón (I-E)  ha reconocido que era necesario determinar la competencia profesional de los conductores de ambulancia y ha preguntado si se plantea algún curso de habilitación profesional para personas que están trabajando y no la tienen.
 

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